¿Terrorismo?

Imposible pasar por alto la agresión a tiros con armas de alto calibre perpetrada contra el edificio que aloja al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, un atentado terrorista que se dice fue reivindicado por un grupo armado que ahora amenaza con declarar al alcalde de ese municipio como “objetivo militar”.

La sede de ese cabildo fue atacada con disparos de fusiles M-16 y Fall, uno de los cuales penetró en el antedespacho del alcalde Félix Rodríguez, donde perforó una ventana de cristal y destruyó un jarrón, sin reporte de personas heridas. Ese comando se atribuyó también en 2011 el ataque a tiros y con bombas caseras a las instalaciones de la planta generadora electricidad de La vega, y la agresión a balazos contra las oficinas del senador de la provincia Duarte, Amílcar Romero.

Tales acciones de terror pretenden ser justificadas con alegatos de que van dirigidas contra la corrupción o para protestar contra los apagones, pero son actos vandálicos que obligan a las autoridades a identificar a los autores materiales e intelectuales para que sean sometidos a la acción de la justicia penal.

Aunque no resulta prudente que la prensa ni la sociedad confieran o atribuyan espectacularidad a expresiones de delincuencia común, es menester llamar la atención sobre grupos delirantes que pretenden sustituir el ordenamiento jurídico por la anarquía y el terror.
El conocimiento y posible sanción de cualquier hecho punible atribuido a funcionario público o ciudadano ordinario se enmarca dentro de la competencia del Ministerio Público y de los tribunales de la República, sin que ningún particular pretenda aplicar la ley por su cuenta, menos amparado en acciones terroristas.

La sociedad dispone de los medios y recursos legales para exigir al Gobierno y poderes públicos que cumplan o apliquen la ley, por lo que toda la población puede y debe asumir la responsabilidad cívica de censurar y reclamar sanción contra cualquier infracción, sin que nadie pretenda combatir fuego con fuego.

Se reclama que esta vez Policía y Ministerio Publico identifiquen, apresen y sometan a la justicia a integrantes de ese o de cualquier otro grupo que en nombre de ninguna causa perpetren acciones de terror, en el entendido de que quien infringe la ley penal se tipifica como delincuente y se persigue como tal.