La Procuraduría General y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) iniciaron en Boca Chica un proyecto interinstitucional y comunitario para combatir la alarmante explotación sexual y comercial contra niños, niñas y adolescentes que afecta a ese municipio y a otras comunidades turísticas.

Duele saber que República Dominicana se mercadea en mercados de depravación como un destino que ofrece sin mayores dificultades la trata de menores, como lo demuestra lo revelado por las autoridades de que sólo en la zona colonial han rescatado a 60 niñas sometidas a explotación sexual.

Ese programa que incluye la instalación de mesas interinstitucionales y comunitarias para prevenir, combatir y reducir la trata de menores, ha sido instalado también en los municipios de Sosúa y Cabarete, en Puerto Plata, donde operan latrocinios que obligan a niños, niñas y adolescentes a prostituirse.

La explotación sexual se define como una forma de esclavitud moderna, más cruenta aun cuando involucra a menores, por lo que el Ministerio Público debe aplicar cero tolerancia contra los antisociales que perpetran o patrocinan esa actividad criminal e inhumana.

El Estado, a través de todas sus instituciones vinculantes, principalmente el Ministerio Público, debe fungir como tutor de los menores, con la obligación de protegerlos ante cualquier situación de peligro físico o mental, en especial contra la esclavitud sexual.

Cálculos moderados sitúan en decenas de miles los niños, niñas y adolescentes que son obligados a prostituirse o que sufren maltrato o abuso sexual, a lo que se atribuye la gran cantidad de menores parturientas que acuden a las maternidades públicas.

La ciudadanía está compelida a denunciar todos los casos en los cuales se involucre la explotación o maltrato de un menor, porque en cada niño o niña abusada debe reflejarse la indignación y el auxilio como si fueran propios hijos.

Ojalá que la iniciativa de la Procuraduría General y de Unicef se expanda por toda la geografía nacional a los fines de prevenir y perseguir la explotación o violación sexual de niños, niñas y adolescentes, en el entendido de que quienes patrocinen esa deleznable práctica vayan a parar con sus huesos a la cárcel por muchos años.