Pablo Domingo del Rosario
El término que intitula estas líneas sirve para definir diferentes y diversos conceptos. El principal sería: la presentación periódica de informes sobre la gestión pública, provistos de los documentos originales que los avalen.
Otros podrían ser: la ausencia de opacidad en una vitrina, una piscina, una pecera, etc.
En esta ocasión deseo referirme nueva vez, al primero. Esto así, porque su impacto positivo en la economía nacional es necesario y determinante.
En ese sentido, la responsabilidad de todas las entidades comprometidas con la fiscalización y el control de los recursos públicos, léase: (Congreso Nacional, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República y, el Control Social), es asegurar transparencia, a fin de que la ciudadanía pueda satisfacerse de la autenticidad y credibilidad de la información.
El combate a la corrupción y al abuso de poder, es un desafío fundamental del siglo XXI; esa realidad no es un fenómeno que se limite a una determinada región del planeta. Ocurre tanto en los países en desarrollo como en los denominados países desarrollados.
Por tanto, se puede asegurar con toda certeza, que ningún país está exento de esos males. Es preciso señalar, que no se trata de un asunto exclusivo de la administración pública, sino que afecta también al sector privado.
Recordemos que la corrupción no es un fenómeno de nuestro tiempo, sino que es consustancial a la existencia misma del ser humano. Afortunadamente, podemos contar con una herramienta eficaz para combatirla: “La Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral”.
Esa es la que deberían ejecutar la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y otras instituciones de control social, para mitigar el impacto negativo que ocasiona a la economía, la ausencia de transparencia.
Siendo así, es impostergable la decisión de reformar la operatividad de la Cámara de Cuentas, para que realice con la eficiencia requerida el mandato consignado en el artículo 250 de nuestra Carta Magna. Además, promover la existencia efectiva de un “Régimen de Consecuencias”, aplicable a todos los que incumplan y violenten la normativa y leyes establecidas.
