Para que la lucha contra la corrupción sea eficaz, es necesario que exista transparencia en las instituciones que administran fondos y recursos públicos. Dado el carácter transversal de este concepto a toda la administración pública, es oportuno y pertinente el accionar de las instancias de fiscalización y control con las que cuenta el país para la protección y salvaguarda de su patrimonio.

Por esas razones, el propósito de todas las entidades comprometidas con la fiscalización y el control en el uso de los recursos públicos (Congreso Nacional, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República y el Control Social) es asegurar transparencia, a fin de que la ciudadanía pueda contar con el imperio de la seguridad social. El combate a la corrupción y al abuso de poder, es un desafío fundamental del siglo XXI, esa realidad no es un fenómeno que se limite a una determinada región del planeta. Ocurre tanto en los países en desarrollo como en los denominados países desarrollados.

El combate a la corrupción es un desafío fundamental
Por tanto, puede afirmarse con toda propiedad, que ningún país está exento de esos males. Una definición de uso frecuente expresa que por corrupción se entiende “el abuso de un poder o una competencia delegados en provecho propio”, o sea que, para obtener beneficios personales se sacrifica el bien común.

Como se puede observar, no se trata de un asunto exclusivo de la administración pública, sino que afecta también al sector privado. Ahora bien, la corrupción no es un fenómeno de nuestro tiempo, sino que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, adoptando diferentes formas de manifestarse.

La auditoría gubernamental, como la que ejecutan la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y otras instituciones de control social, crea transparencia y controles preventivos apropiados para impedir el abuso ante citado.

Siendo así, es impostergable la decisión de reestructurar la Cámara de Cuentas, para que realice con la eficiencia requerida el mandato contenido en el artículo 250 de nuestra Carta Magna. Además, promover la existencia efectiva de un “Régimen de Consecuencias”, aplicable a todos los que incumplan y violenten las normativas y leyes establecidas,