Que personas que hayan cumplido su condena no puedan salir en libertad por trámites burocráticos no tiene otro calificativo que el de abuso.
Siempre que sea como ha denunciado el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún, la procuradora general de la República, Miriam Germán, debe intervenir en el problema carcelario, que al parecer todavía se rige por normas del pasado. Según Surún, hay más de dos mil personas que tras cumplir sus penas permanecen en prisión por la simple ausencia de una orden para recuperar su libertad.
Ante la abusiva realidad, el presidente de la organización profesional consideró imprescindible establecer un mecanismo de fiscalización y conteo automático sobre la salida de prisión de las personas que cumplan sus condenas.
Casos como los denunciados desmienten toda la propaganda sobre la humanización y mejoría en las cárceles, dirigidas siempre con más criterio militar que técnico.
Las víctimas son por lo regular personas sin recursos, ni nombres ni apellidos. El director de Prisiones, que tan buenas intenciones ha expresado en la mejoría de las cárceles, debe hacer una investigación para verificar los señalamientos de Colegio de abogados.
Pero también sobre el supuesto impedimento para que familiares visiten reclusos. Con las arbitrariedades que caracterizan las cárceles no se duda ni un ápice todas las irregularidades denunciadas por Surún. Lejos de cuestionarse lo que tiene que hacerse es investigarse y corregirse.
