Moca, provincia Espaillat.– Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Espaillat dictó este jueves un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Clara Inés Sánchez, de 32 años, acusada de participar en la desaparición y posterior asesinato del joven taxista Alfred Joel Fernández.
Sánchez fue arrestada en Las Matas de Farfán, provincia San Juan, durante un operativo policial en el que resultaron muertos dos hombres vinculados al crimen, según informó el Ministerio Público.
El caso
Fernández, quien laboraba como taxista, había sido reportado como desaparecido el pasado 22 de enero cuando salió a un servicio al distrito municipal de las Lagunas, de la provincia Espaillat; generando gran preocupación en la comunidad de Moca. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el joven fue asesinado, lo que provocó consternación y protestas de familiares, colegas y residentes de la zona, quienes exigieron justicia.
Clara Inés Sánchez recibe un año de prisión preventiva por el asesinato del taxista Alfred Joel Fernández
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De acuerdo con la investigación preliminar, el crimen estaría relacionado con un secuestro planificado con fines delictivos, en el que presuntamente participaron varios individuos, incluyendo a la imputada.
Medida de coerción
La jueza acogió la solicitud del Ministerio Público, que presentó pruebas testimoniales y documentales que vinculan a Sánchez con la desaparición y homicidio del taxista. La medida establece que deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro Correccional Rafey Mujeres, en Santiago, mientras avanza el proceso judicial.
Operativo policial
Durante el operativo de captura en Las Matas de Farfán, la Policía Nacional reportó la muerte de dos presuntos implicados en un enfrentamiento a tiros con agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim). Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para localizar y someter a la justicia a otros posibles participantes en el crimen.
Reacciones
El asesinato de Fernández ha causado gran impacto en la provincia Espaillat, donde gremios de taxistas y organizaciones comunitarias han denunciado el aumento de la inseguridad y la violencia contra trabajadores del transporte. Han exigido mayores medidas de protección y castigos ejemplares para los responsables.