Ahora que la Cámara de Diputados decidió poner fin, o pausa, a su Fondo de Asistencia Social, popularmente conocido como “el barrilito”, para evitar que esos fondos terminen empleados en campañas, sería interesante que los dominicanos, y en especial aquellos que se están lanzando a candidaturas para dirigirnos, tomen el tiempo para replantearse su Congreso.

Haciendo un comparativo con países similares de la región la República Dominicana tiene un Congreso de lujo por el cual gasta cerca de $135 millones de dólares al año, más que duplicando a su más cercano competidor centroamericano, Costa Rica, quien apenas gasta $66 millones de dólares. ¿No tenemos cosas más importantes en las cuales invertir ese dinero?.

No se habla de una abolición, ya que es un pilar fundamental de nuestra democracia, o ni siquiera una reestructuración, que aunque necesaria sería políticamente improbable que se produzca en las actuales circunstancias, lo que sí debemos considerar es reducir significativamente el costo de tener a unas 225 personas y sus equipos para que estos elaboren y voten leyes.

En un país donde todos se rasgan las vestiduras por el presupuesto de Salud, la Justicia, el Ministerio Público, los policías y en un sinnúmero de renglones donde ciertamente hay notorias carencias, es llamativo que decidamos superar a toda la región en la “inversión” para su Congreso, que por razones electorales se arroga (¿u arrogaba?) funciones de asistencialismo social que en teoría solo corresponden al Poder Ejecutivo.

No es necesario desplomar el aporte a, por ejemplo, los $21.5 millones de dólares que gasta Nicaragua en su cuerpo legislativo para que dicho gasto sea razonable, es solo que este no nos resulte 7 veces más caro que a los nicaragüenses sin ninguna razón de política de Estado que lo explique.

Es cierto que la actual presión tributaria es muy baja como para que el Estado dominicano pueda responder a todas las carencias que afectan a nuestro país, pero así como con el caso del Congreso también se debe reconocer que se producen gastos notoriamente excesivos en asuntos no prioritarios. Es por ello que los candidatos deben tomar nota para que cuando termine el actual circo electoral e inicie el momento de pasar las facturas, antes de volver a exigir más de los bolsillos de los contribuyentes por la via de impuestos va a ser necesario que el Estado se amarre muy bien los bolsillos no solo con austeridad sino recortando y reasignando fondos donde corresponde.