La inspección de lugares es una medida de instrucción que permite al juez constatar a ojos vistas los hechos controvertidos, según lo dispuesto por el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil. Pues resulta que en lugar de consignar las comprobaciones hechas respecto de las alegadas violaciones imputadas con motivo de la construcción de una obra cuya suspensión se demandaba, un juez de referimientos hizo constar lo siguiente: luego de recorrer el perímetro que circunda la obra, no observamos hostilidad alguna de parte de los vecinos, ni quejas de los propietarios de los colegios.

Independientemente de que la inspección del lugar no tenía por objeto ninguna de esas dos constataciones, es evidente que el juez carecía de elementos probatorios para aseverar lo primero, ya que no estaba en capacidad de determinar si quienes se habían congregado para vociferar consignas a favor de la obra eran miembros de alguna claque o si ciertamente eran vecinos del lugar.

En cuanto a la segunda constatación, además de admitir tácitamente la existencia de colegios próximos al lugar donde se construía la obra, causa legal para sustentar la suspensión que se demandaba, era jurídicamente imposible que los propietarios de esos colegios expusiesen sus quejas. Y es que para ello era indispensable que el juez, a solicitud de una de las partes, hubiese ordenado un informativo testimonial, medida que no dispuso a cargo de nadie.

Las referidas consideraciones del juez permiten advertir que no justificó adecuadamente su dispositivo, con la lastimosa agravante de que omitió estatuir sobre el pedimento de la parte demandante. En esas circunstancias, ¿procede introducir una instancia motivada para solicitarle al mismo juez la modificación de la ordenanza intervenida o recurrirla en apelación? El tema ha dado lugar a encendidos debates, y aunque esta última vía sea la más recurrente, pienso que la decisión de inclinarse a favor de una o de otra es facultativa.