Una artimaña del fiscal

La solicitud presentada por el fiscal ante la Suprema Corte de Justicia con el objeto de que un juez de instrucción interino sea investigado por haber variado una medida de coerción, no tiene su origen en ninguna irregularidad que pueda atribuírsele a la decisión que se objeta, sino en la deplorable ineptitud de la propia fiscalía. Son muchas las veces que Jorge Subero Isa ha denunciado la orfandad probatoria de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, que con espantosa frecuencia no se gasta siquiera la molestia de realizar investigaciones que precisen la comisión, autoría y complicidad de hechos punibles.

El fiscal puede estar en desacuerdo con cualquier decisión, pero eso no le otorga derecho a trasladar su inconformidad a la opinión pública y, peor aún, de poner en tela de juicio la integridad de ningún juez, hábito irresponsable que ha devenido en su norma. En el caso particular del magistrado Franny González, no son pocos los abogados dan fe de su capacidad e integridad, virtudes que no es posible reconocerles a ciertos fiscales adjuntos, que además de incompetentes, prestan su ministerio por motivos contantes y sonantes.

Requerirle al más alto tribunal que investigue a titulares o interinos por sentencias dictadas al amparo de las atribuciones que le reconocen las normas procesales, constituye una repulsiva artimaña que persigue intimidar a jueces de instrucción y de fondo a fin de que decidan no de acuerdo a su convicción y a la carga probatoria, sino al antojadizo interés de un Ministerio Público que, salvo honrosas excepciones, es vergonzosamente inmoral.