Se le atribuye a un jurista mexicano la frase “una justicia tardía se convierte en una injusticia”. Sin embargo el gran filósofo Séneca ya había sentenciado que “nada se parece a la injusticia como la justicia tardía”. La mora judicial aún prevalece latente y fehaciente en los tribunales de la República por la lentitud de los jueces del orden judicial para fallar los expedientes.

Instituciones extranjeras, que gozan de mucha credibilidad, han criticado la larga duración de los procesos judiciales dominicanos e incluso, el Banco Mundial realizó un estudio que demostró que una litis demoraba más de 2 años, por lo que recomendaba que las partes envueltas en una controversia debieran recurrir a la conciliación y al arbitraje.

Por ejemplo, La Ley De Jurisdicción Inmobiliaria otorga un plazo de 2 meses para que los jueces emitan sentencias después que un expediente se encuentre en estado de fallo. La única juez de tierras que cumplió con ese mandato fue la magistrada Alba Beard Marcos, presidente de la Octava Sala del tribunal de primer grado del Distrito Nacional, pues en el tiempo fijado por la normativa evacuó su decisión en el caso de Bahía de Las Águilas.

Los tribunales del país están congestionados de expedientes hasta tal punto, que la Suprema Corte de Justicia ordenó que los secretarios de los juzgados llamaran a los abogados a desglosar las piezas de los mismos, puesto que las partes habían perdido interés en continuar los procesos por la dejadez y el desgano de los encargados de administrar justicia.

Los abogados litigantes, cansados de solicitar fallos, han optado por recurrir a la conciliación, y aplicar la máxima “de que es preferible un mal arreglo que un buen pleito”. El peregrinaje para lograr una justicia pronta y eficaz ha sido largo, pese a los esfuerzos del presidente de la Suprema y del Consejo Del Poder Judicial, doctor Mariano German Mejía, para corregir la situación.

El magistrado Mejía German, en múltiple ocasiones ha instado a los jueces, a trabajar sin miedo, dado que ellos tienen la gran responsabilidad de vivir en paz. “Los jueces deben de laborar con independencia e imparcialidad, a los fines de que el país tenga un Estado en el que impere la seguridad jurídica, y la justicia no sea subjetiva”, ha pregonado insistentemente el presidente del máximo tribunal.

En la justicia penal, algunos magistrados actúan con mucha prontitud y ligereza, favoreciendo a imputados de infracciones graves.