En un juicio disciplinario seguido a Geanilda Vásquez, el PRD le conculcó garantías inmanentes al debido proceso, incluida la inobservancia al principio de legalidad. Para determinar el tribunal competente en la acción de amparo que presentó, se imponía precisar, como exige el art. 72 de la Ley No. 137-11, si la violación a la tutela efectiva era afín con las atribuciones del TSE.

El párrafo del art. 2 de la Ley No. 29-11, le desconoce facultad al TSE para dirimir conflictos disciplinarios en sede partidaria, lo que de entrada marcaba distancia. Por otro lado, el art. 27 le reserva a ese tribunal la potestad de conocer amparos sobre asuntos contenciosos electorales, cuestión que en absoluto guarda conexidad con la tutela efectiva.

Invocar la naturaleza del proceso, o que Geanilda es una dirigente política y el PRD una entidad partidista, fue una simple cortina de humo. El referido art. 72 no subordina la competencia de atribución a la condición de las partes instanciadas ni, tanto menos, al tipo de proceso del que haya emanado la decisión que da lugar al amparo.

La aproximación del derecho fundamental pretendidamente violado o amenazado con las atribuciones del tribunal es lo que la determina, de manera que si el derecho fundamental cuya vulneración alegó Geanilda era la tutela efectiva, es indudable que el TSE no era de mayor afinidad para instruir el amparo.

Más aún, la doctrina aconseja evitar un excesivo celo en la delimitación de la competencia, ya que la consiguiente demora en la tramitación del amparo puede no solo frustrar su propósito, sino también llevarse de encuentro su carácter preferente, sumario y exento de formalismos. Y no debe olvidarse que entre los principios rectores de la justicia constitucional figura el de accesibilidad, el cual persigue que la jurisdicción apoderada no repare en “formalismos o ritualismos que limiten irrazonablemente la accesibilidad y oportunidad de la justicia”.

De ahí que la sentencia 79-14 del TC haya sido complaciente.