¡Otra vez la Justicia!

El cacacareado avance de la Justicia dominicana con frecuencia queda mal parado, a veces de manera hasta vergonzosa.

Su última hazaña inversa ocurrió hace poco, cuando un tribunal impuso una fianza de 20 millones de pesos a un hombre acusado de estafar con 50 millones de pesos a un pelotero de Grandes Ligas, y le aceptó un título de propiedad falso como garantía económica para ponerlo en libertad.

En cualquier país con un régimen de derecho aceptable los participantes en la operación estarían destituídos unos, y probablemente presos todos, o en el mejor de los casos se estaría en proceso de investigación para establecer responsabilidades.

El caso al que me refiero es el de Edwin Baquero Álvarez, contra quien el juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, impuso seis meses de prisión como medida de coerción en relación a la presunta estafa de que habría sido objeto el pelotero profesional Julio Lugo, de los Medias Rojas de Boston, mediante la venta de un solar.

La cuestión fue expuesta por los abogados Carlos Olivares y Edward Terrero, quienes representan los intereses del pelotero Lugo, durante la primera audiencia del juicio preliminar y luego de que la Fiscalía del Distrito Nacional presentara formalmente la acusación contra Baquero Álvarez y Luis Manuel Ruíz Méndez.

Según la versión dada a conocer en el tribunal, el acto de entrega de garantía inmobiliaria fue presentado por Ricardo Antonio Mota Quezada, precisamente otro implicado en la alegada estafa contra Lugo.

Contra Mota Quezada había sido impartida una orden de arresto en relación al caso, y curiosamente se presenta sin consecuencia a depositar el acto de garantía inmobiliaria a favor de su presunto socio.

La garantía inmobiliaria para sacar de la cárcel a Baquero Álvarez es un terreno correspondiente a la parcela 77-C, del Distrito Catastral número siete, de Samaná.

Pero el título de propiedad presentado al tribunal al parecer fue hecho en el aire, porque esos terrenos no son en realidad de Mota Quezada.

Claro, la treta les salió bien en primera instancia porque la meta de lograr la libertad de Baquero Albarez fue alcanzada.

Baquero Álvarez y Ruíz Méndez están acusados de falsedad de documentos públicos y privados, asociación de malhechores y de estafa en perjuicio de la empresa inmobiliaria Inés Mar, el Banco Nacional de la Vivienda y del pelotero Lugo.

Esos cargos están relacionados con la compra-venta de un solar de cuatro mil 910 metros cuadrados en el residencial Las Praderas, del Distrito Nacional, una operación mediante la que al pelotero Lugo habrían logrado zafarle 50 millones de pesos.

Son de las cosas que no creo que ocurran en muchos lugares del mundo, y que sin embargo no se puede descartar que aquí se produzcan sin ser detectadas por nuestras autoridades.

La propiedad de la tierra en este pobre país nuestro es uno de los grandes dolores de cabeza para muchísima gente, y se supone que los tribunales son lo suficientemente rigurosos a la hora de aceptar una garantía inmobiliaria a cualquier prevenido.

Pero en el caso que nos ocupa, cualquiera podría sospechar connivencia entre las autoridades actuantes en la operación y los otros actores, y tal vez eso debería descartarse mediante la realización de una investigación pormenorizada y seria.

Pienso que sería un error de nuestras autoridades dejar que el caso quede como algo insignificante, porque en realidad no se trata de una tontería.

Porque sólo en la medida en que desaguisados como ese sean aireados y descartadas todas las dudas, la sociedad dominicana tendrá en qué apoyar su fe en la Justicia, un estamento que, a decir verdad, ha hecho bastante en contra de su propia credibilidad.

victormendez23@hotmail.com

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