¿Verdad que avanzamos?
A mediados de la semana que recién termina, el fiscal de San Cristóbal denunció que un hombre condenado en agosto del 2007 a 20 años de prisión estaba en la calle haciendo de las suyas, y que fue arrestado porque tenía marihuana.

Naturalmente, no es como para extrañarse de que cosas así ocurran, porque a decir verdad, lo raro es que casos como ése sean detectados por las autoridades aunque parecen ser el pan nuestro de cada día.

Según la información que leí en los periódicos, Robert Asencio fue arrestado en Haina en posesión de marihuana, pero había sido sentenciado a 20 años de prisión por homicidio hacía poco.

La versión periodística daba cuenta de que el fiscal Paulino Pulinario, de San Cristóbal, no se explicaba cómo aquel convicto había obtenido su libertad, y la Dirección General de Prisiones daba cuenta de que el reo salió de prisión mediante la resolución 1582007, suscrita precisamente por el entonces fiscal de aquella jurisdicción.

Luego ví al general Jaime Marte Martínez decir que Asencio nunca fue encarcelado.

Difícilmente, alguien pueda establecer cuántas personas condenadas a prisión anden por las calles como perro por su casa, porque aquí los únicos que se pudren en la cárcel son los no delincuentes que por cualquier razón perdieron el control en un momento e incurrieron en delito.

Los delincuentes, por lo general, tienen conexiones con autoridades y de común acuerdo se valen de las más insospechadas tretas para cumplir en las calles sus condenas sin que lo sepan los jueces, las más de las veces viviendo del delito y el crimen en todas sus manifestaciones.

¿O ya olvidamos que entre los que mataron al senador Darío Gómez había algunos condenados a 20 y 30 años de cárcel por diferentes delitos, y que según sus propias confesiones la noche que perpetraron ese crimen dizque patrullaban por esa zona buscando a quién atracar?

O sea, a pesar de que legalmente sus condenas a cárcel no habían sido interrumpidas, ellos estaban en las calles haciendo de las suyas.

Su situación sólo pudo ser descubierta porque entre sus diabluras tuvieron el tupé de asesinar a un senador.

Lástima que no hubo una investigación rigurosa que estableciera cuántos otros crímenes perpetraron en el tiempo que separa las fechas en que fueron sentenciados y la noche en que mataron a Darío Gómez.

Nunca se supo qué tiempo tenía en libertad esa gente luego de haber salido de la cárcel por la puerta trasera, bajo el amparo quién sabe de quién.

La investigación tampoco sacó a relucir a cuántas personas arrebató lo suyo ese grupito desde su sentencia a décadas de cárcel hasta la noche que baleó al senador.

Aunque lo más probable es que durante ese tiempo mataran a más de una persona para despojarla de lo suyo, porque se trataba de gente que rehuyendo el trabajo se dedicó a vivir de lo ajeno.

A juzgar por la denuncia del fiscal de San Cristóbal, está claro que esa situación persiste, y me llama particularmente la atención la cantidad de arrestos que anuncia diariamente la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Creo que si no se trata de la misma gente transitando de arresto en arresto, por lo menos la mitad de la población dominicana estaría presa por drogas, y todos sabemos que ese no puede ser el caso.

¿No será, acaso, que los arrestados entran a la cárcel por la puerta delantera y cruzan hacia la parte de atrás para volver por esa vía a la calle y a sus andanzas?

La cuestión es como para ponernos a todos a reflexionar sin apasionamientos, sobre una situación que ataca directamente a la maltrecha credibilidad en un sistema judicial en el que se nos invita a confiar.

victormendez23@hotmail.com

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