El problema mayor que confronta hoy la población no son tanto los apagones, sino la dificultad que confrontan padres y tutores para sufragar el retorno a clase de sus hijos, lo que se agrava con la noticia de que el 40 % de alumnos de escuelas públicas no recibirán uniformes escolares al inicio del año escolar, el 25 de este mes.

Miles de estudiantes figuran todavía en lista de espera en el Ministerio de Educación en la esperanza de que las autoridades localicen aulas donde albergarlos, aun sea en locales alternos o improvisados, aunque no se dan seguridades de que esas diligencias resulten fructíferas.

El exdirector Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, advirtió que debido a la resolución emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas, que anuló adjudicaciones a suplidores, el 40 % de los estudiantes no recibirá utilería escolar antes del inicio del año lectivo.

Padres y tutores se lanzan en loca carrera por intentar acceder a los elevados precios de materiales escolares, incluidos libros y hasta licencias para acceder a textos educativos protegidos por derechos de autor, sin contar que los colegios privados hace tiempo que reclamaron el pago por la inscripción escolar.

No resulta fácil para familias de clase media o de ingresos moderados adquirir los útiles que requieren sus hijos, porque el valor a pagar, sin incluir uniformes, oscila entre RD$3,300 y RD$8,900 por alumno, lo que en cualquiera de los extremos supone un gran sacrifico económico.

En la populosa avenida Duarte, donde operan decenas de tiendas que ofertan utilería escolar, se ha convertido en peña de lamentos de padres de familia ante los altos precios de libros, cuadernos, lápices y otros accesorios, con el agravante de que se tornan escasos los textos de segunda mano.

No resulta justo que el 40 % de más de dos millones de estudiantes que acudirán a los centros educativos públicos no reciban este año, o se retrase la entrega, uniformes escolares por falta imputable a las autoridades al Inabie, razón por la cual el Ministerio de Educación está en obligación de subsanar ese daño material.

Lo sensato sería que el Gobierno autorice la entrega a padres o tutores de estudiantes que no reciban el prometido uniforme escolar, de un bono por el valor de su compra o confección, lo que aliviaría la pesada carga económica que hoy acarrean miles de familias que procuran adquirir útiles escolares, caros, muy caros.