El proyecto de ley que pretende crear un impuesto de 20 pesos a las facturas telefónicas para sustentar el sistema de emergencia 911, puede interpretarse como un insulto a la población que todavía no se repone de los duros efectos de la reforma fiscal.

Ese servicio de prevención y socorro debería ser financiado con los ingresos que el Gobierno obtiene por su canasta impositiva, sin que se atisbe más carga al presupuesto familiar que hace tiempo es deficitario a causa del incremento de la inflación.

El gravamen procura recaudar RD$640 millones mensuales de las costillas de los ciudadanos, que ya aportan centenares de millones de pesos por el pago de impuestos selectivos y del Itebis aplicados a la tarifa telefónica residencial y móvil.

Los legisladores que incurren en esa combinación de torpeza y abuso parecen olvidar que hace menos de un año el Congreso aprobó un ramillete de impuestos por más de 20 mil millones de pesos que también serán extraídos del espinazo de la gente.

Se reconoce la importancia y utilidad del sistema de emergencia 911, pero es insano pretender que el ciudadano ordinario cargue, no sólo con su costo, sino también con el financiamiento de renovación de los equipos que usan entidades de auxilio, como bomberos y sistema de asistencia hospitalaria.

Desde esferas oficiales y congresuales se persiste en la mala costumbre de convertir toda iniciativa en armatoste para anidar costosas burocracias cuyos costos, obviamente, se cargan al ciudadano ordinario como sería el sistema 911, diseñado al parecer para que la sal resulte más costosa que el chivo.

Las cámaras legislativas están compelidas a rechazar ese despropósito que pretende aplicarse sobre una población que lleva más de dos años sin que se revise siquiera el salario mínimo.

Pretender aplicar más gravámenes directos al consumo y a los servicios es como acercar fósforo encendido al tanque de combustible, por lo que lo mejor sería que los vampiros se alejen del cuello ciudadano.