San Juan. PUERTO RICO. En los próximos meses, los puertorriqueños sufrirán un duro impacto en sus ingresos y presupuestos familiares de implementarse los “ajustes financieros” que impulsa la administración de Ricardo Rosselló a través de un nuevo plan económico que le exige la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), creada el año pasado por el Congreso de Estados Unidos.

Economistas y dirigentes de la oposición política, principalmente del Partido Popular Democrático (PPD), han criticado enérgicamente la elaboración del programa financiero que exige el organismo congresional para sacar al país de la crisis fiscal en un período no menor de diez años.

La economista Martha Quiñones, consultada por El Nacional, advirtió que las nuevas medidas financieras del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) provocaría un aumento en la “despoblación” de la isla, debido a una mayor recesión económica, con un incremento en la inflación y más desempleo, y a la falta de servicios.

Se explicó que el plan contempla privatización y recortes de servicios públicos, consolidación de agencias gubernamentales, ajustes laborales, eliminación de subsidios y la creación de más impuestos en el sector hipotecario de viviendas y otras propiedades, y asimismo en licencias para automóviles (marbetes) y primas de seguros.

Se destacó hoy que los recortes más relevantes están enmarcados a la consolidación de funciones gubernamentales y la privatización o “externalización de servicios”.

El plan fiscal que el gobernador Rosselló dio a conocer al país el pasado martes, contempla delegar en el sector privado los servicios de transporte colectivo marítimo y terrestre, las autopistas, el mantenimiento de los edificios públicos, los estacionamientos gubernamentales, la operación de los puertos y aeropuertos, citó hoy el diario El Nuevo Día.

También se incluye el sistema de multas a los vehículos y a los conductores, así como la emisión de los carnets de identificación que otorga el Departamento de Transportación y Obras Públicas.