El envío de información por ventas y operaciones (formato 607) que los contribuyentes deben enviar a la Dirección General de Impuestos Internos ha provocado una confusión debido a que muchos establecimientos han interpretado que este requerimiento se desprende de la ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo, afirmó hoy el economista Roberto Mella Cohn.

Aclaró que el deber de los contribuyentes de remitir a la DGII las operaciones sustentadas en facturas de consumo cuando tenga un valor igual o superior a los 50 mil pesos, indicando el documento de identidad de la persona que adquiere el bien o servicio, es una disposición de la Norma 07-2018 y no de la Ley 155-17 como muchos lo han interpretado.

En ese sentido expuso que esas disposiciones “que hemos visto en fotos de las redes sociales y en letreros en los cajeros de comercios está mal enfocado”.

El requerimiento de la cédula y de información a los consumidores finales cuando hacen operaciones mayores a 50 mil pesos es un mecanismo de fiscalización, no de prevención del lavado.

Dijo que tampoco es cierto que todos los comercios tienen que hacer Debida Diligencia del cliente y reportar operaciones en efectivo, esto último son obligaciones exclusivas de sujetos obligados.