El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) opinó hoy que la Cámara de Diputados hizo lo correcto al eliminar el aborto terapéutico del nuevo Código Penal y dijo esperar que esa iniciativa sea ratificada por el Senado de la República.
En una declaración pública, el presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, dijo que como cristiano “saluda” que los diputados hayan tomado en cuenta la preservación de la vida desde la concepción como lo establece la Constitución.
Agrupaciones médicas y dirigentes feministas han criticado la disposición de los diputados, mientras entidades religiosas y cristianas la defienden.
Quique Antún resaltó que el PRSC está comprometido con la doctrina cristiana y por eso sus legisladores estuvieron en todo momento vigilantes para evitar que se introdujera en el texto legalizar el aborto que “es una especie de pena de muerte y un jugoso negocio para algunos”.
Consideró que el aborto terapéutico “no es más que un artificio para legalizar de algún modo el negocio que representa esta práctica que riñe contra la integridad de la familia”.
Antún Batlle señaló que desde el 1990 se ha estado tratando de introducir el aborto terapéutico en el régimen legal de República Dominicana y el PRSC ha sido un factor importante para impedirlo y de eso “se siente orgulloso”.
CMD
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CM), Waldo Ariel Suero, consideró que la eliminación del aborto terapéutico en determinadas circunstancia constituye un retroceso y que aumentará la mortalidad materna.
Sostuvo que la mayoría de los países desarrollados han legalizado el aborto, mientras que aquí se busca permitir el terapéutico en casos especiales.
La Sociedad Dominicana de Ginecología pidió al Senado que reconsidere la disposición de los diputados de eliminar el aborto terapéutico del nuevo Código Penal que fue reintroducido por el presidente de la Cámara baja, Abel Martínez Durán.
“La decisión pone en riesgo el ejercicio profesional de los obstetras, cirujanos, enfermeras y farmacéuticos que bajo condiciones excepcionales cumplan con el deber de tratar a mujeres embarazadas que cursen con condiciones que pongan en riesgo sus vidas”, agrega.
El Código Penal castigaría con prisión de cuatro a 10 años a cualquiera de esos profesionales que ayude a la práctica de un aborto terapéutico.
Senador
El senador del PLD por María Trinidad Sánchez, Aristides Victoria Yeb, respaldó la decisión de las iglesias por entender que es necesario preservar la vida como lo establece la Constitución.
Consideró que la pieza será aprobada por el Senado tal como lo hizo la Cámara de Diputados .
Minou
La diputada y presidente de Opción Democrática, Minou Tavárez, calificó como un retroceso que solo perjudica a las mujeres pobres, la decisión de la cámara baja de eliminar del nuevo Código Penal la legalización del aborto terapéutico.
Señaló que la República Dominicana es uno de los cinco países del mundo que penalizan a la mujer por la interrupción del embarazo.
CODUE
El Consejo de la Unidad Evangélica (CODUE), respaldó la decisión de los diputados de penalizar el aborto.
El presidente del CODUE, Fidel Lorenzo Merán, dijo que junto a la decisión de los diputados, el Ministerio Público debe “arreciar” la persecución contra aquellas clínicas que realizan abortos.
Feministas
La presidenta de Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, calificó como “un duro golpe” para las mujeres la eliminación de la suspensión del embarazo en determinadas condiciones y advirtió que la agrupación que dirige no se quedará de brazos cruzados.
Consideró que no se puede permitir el embarazo en caso de deformaciones, violación o incesto como se pretende con la eliminación del artículo 110 del nuevo Código Penal.
Senado
El nuevo Código Penal fue aprobado de urgencia en dos lecturas consecutivas por los diputados en su sesión del pasado martes y será enviado al Senado para su conocimiento.
El próximo lunes 25 concluye la legislatura que se inició el pasado 27 de febrero.
El Código Penal establece por vez primera el cúmulo de penas por el cual un acusado de un delito puede ser condenado a 60 años de prisión.
