SANTIAGO. La entrada en vigencia a partir de este año del desmonte arancelario de las importaciones de arroz desde Estados Unidos constituye una grave amenaza para la producción nacional del cereal, del cual viven 30 mil productores, 80 mil trabajadores directos y miles de accionistas y empleados de 300 factorías o agroindustrias que tiene el país.
La advertencia la hicieron ayer en La Vega, el economista Roberto Despradel y el Coordinador Nacional de las Asociaciones de Productores y Molineros de Arroz, Manolo Tavárez Mirabal, al analizar el tema durante un panel organizado por la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (APRANO). La actividad fue encabezada por Juan Luis Jiménez, presidente de APRANO.
Precisaron que la amenaza se explica porque República Dominicana firmó un acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) en el año 2005 el cual contempla un desmonte progresivo de los aranceles de productos agropecuarios, que comienza a aplicarse este año hasta quedar libre de impuestos para el año 2025.
La producción de arroz será la más afectada si se mantiene ese calendario de importación.
Explicaron que Estados Unidos subsidia su producción de arroz y por tanto resulta imposible competir con ellos en tan desiguales condiciones.
Resaltaron la importancia del arroz para la economía dominicana y la necesidad de preservar sus aportes económicos y su contribución a la estabilidad social, razón por la que hay que buscar mecanismos que conduzcan a posponer el desmonte arancelario.
Los tres participantes en el panel afirmaron que corresponde ponerse al frente del reclamo de revisión del desmonte arancelario del arroz al presidente Luis Abinader, al ministro de Industria y Comercio, Vìctor Bisonó y al canciller Roberto Álvarez.
Confiaron en que el Gobierno asumirá esta demanda, que es una causa nacional y urgente.
La actividad arrocera no solo garantiza la soberanía alimentaria en el principal ingrediente de la dieta dominicana, al producir más de 14 millones de quintales al año, explicaron.
Además moviliza cada año cerca de 32 mil millones de pesos y evita que el país tenga que invertir 600 millones de dólares en importaciones, agregó.
La quiebra de esta agroindustria tendrá graves repercusiones en la alimentación, el empleo y la paz social, aseguraron Tavárez Mirabal y Despradel.
“Productores, molineros, trabajadores y suplidores de insumos de arroz nos hemos unidos para enfrentar esta grave amenaza, la peor que sufre el sector en más de 60 años. Pero para impedir que la larga cadena productiva del arroz termine en la ruina se necesita el apoyo de las más altas instancias del Gobierno, incluido el Presidente Luís Abinader”, enfatizó Tavárez Mirabal.
Mientras que Despradel explicó que el Estado debe solicitar al menos una prórroga del desmonte arancelario de las importaciones de arroz.
