El juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, consideró que las inhibiciones injustificadas de los jueces tienen efectos negativos en la tramitación y celeridad de los procesos judiciales.

“Un abuso de las abstenciones puede encubrir actitudes dilatorias, reflejar problemas de objeción de conciencia y aumentar la carga judicial”, explicó el magistrado y especialista en Derecho Civil.

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) emitió tres dictámenes, uno de ellos escrito por el magistrado Montero, sobre las exigencias éticas frente a un exceso en la invocación de inhabilidades para juzgar, donde el juez señala que el abuso del derecho a la inhibición puede afectar el curso adecuado de la administración de justicia cuando atenta contra el principio de celeridad procesal, cuestión que los integrantes de la judicatura deben sopesar.

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En sus recomendaciones, el también comisionado nacional ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, sostuvo que los sistemas de justicia deben adoptar medidas sobre el abuso de la inhibición por parte de los integrantes de la judicatura, con enfoque ético, cuando atenta contra la efectividad administrativa, la legitimidad de los sistemas y la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.

Otros dictámenes

A propósito del auge en el uso de la inteligencia artificial en los poderes judiciales de Iberoamérica, la CIEJ produjo su vigesimocuarto dictamen sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la labor jurisdiccional, del juez de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.

El magistrado sostiene que la IA afecta determinados derechos fundamentales: la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales, lo que considera constituye un reto al entender que el procesamiento de la información podría ser realizado por empresas privadas.