El vencimiento del plazo para presentar acusación en el caso Calamar y su alegada extinción penal, será debatido el lunes en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional durante una audiencia convocada por la juez Franchesca Potentini.

Potentini convocó para dicha fecha para conocer la solicitud de prórroga de cuatro meses que le hizo el Ministerio Público a la juez Ana Lee Florimón, pedimento que no pudo ser dado a conocer porque fue recusada por el órgano acusador.

Para algunos juristas expertos en la materia, lo que corresponde es que ese día, la magistrada Potentini declare la extinción del proceso, en el entendido de que el Ministerio Público agotó el plazo que establece la ley para concluir con la investigación.

Entre los que afirman que el caso extinguió figura el penalista Frank Reynaldo Fermín, quien entiende que en justicia, nadie puede beneficiarse de su falta.

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Se refirió al hecho de que el Ministerio Público se auto concedió el plazo de cuatro meses que solicitó al recusar a la juez Ana Lee Florimón.

Sobre el particular también opinó el jurista Julio Cury, quien dijo que es sintomático la carencia de elementos probatorios que se evidencia en el caso, al Ministerio Público no presentar acusación.

Propuso la modificación del artículo 151 del Código Procesal Penal, para que la acción penal se extinga, ipso facto, una vez vencido el plazo de ley para la presentación del acto conclusivo.

Dijo que la dilación en que ha incurrido el Ministerio Público para presentar su acto conclusivo es sintomática de la carencia de elementos probatorios que comprometan la responsabilidad penal de uno o varios imputados.

“Esto nos mueve a una reflexión. ¿Era necesaria y proporcional la prisión preventiva impuesta sobre los que no convinieron acuerdos de oportunidad con el Ministerio Público? Desde luego que no”, precisó Cury.

Aseguró que algunos jueces del sistema son papel carbón de las solicitudes del Ministerio Público.

Indicó que esos retardos deben motivar la modificación del artículo 151 del Código Procesal Penal, de manera que la acción penal se extinga, ipso facto, una vez vencido el plazo de ley para la presentación del acto conclusivo.

Sostuvo que es contrario a los principios de razonabilidad e igualdad procesal, de que el Ministerio Público goce del privilegio de tener que ser intimado por el juez a cumplir con su deber.

Entre los imputados en el caso figuran el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero; y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.