La Constitución de la República no le confiere facultad en ninguno de sus artículos al Tribunal Constitucional (TC) para que conozca de la inconstitucionalidad de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), conforme se puede apreciar de una simple lectura del artículo 185 de la Carta Magna, referente al Control Constitucional.

E incluso, en el ámbito judicial se comenta que quienes motorizan el criterio de que TC tiene facultad para revisar las sentencias de la SCJ, son abogados de banqueros condenados interesados en que en esta nueva instancia se abra una nueva oportunidad para ventilar los casos de sus clientes, quienes ya cumplen condenas con sentencias definitivas.

El artículo 185 de la Constitución de la República dice textualmente que el TC será competente para conocer en única instancia: (1) las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo o jurídicamente protegido; (2) el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo; (3) los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; (4) cualquier otra materia que disponga la ley.

En ninguno de estos acápites se refiere a la facultad de conocer la inconstitucionalidad de las sentencias emitidas por la SCJ, las cuales hasta la fecha son definitivas.

En los corrillos judiciales se comenta que quienes fomentan la idea, en especial, son juristas defensores de banqueros condenados, que albergan la idea de que los casos de sus clientes puedan ser revisados en este nuevo tribunal, en base al alegato de supuestas violaciones constitucionales.

El principal oponente a ese propósito lo es el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, quien ha advertido que si eso ocurre, los casos jamás terminarían de conocerse en los tribunales, en vista de que todas las sentencias irían al parar al TC.

La última palabra está en manos de los diputados, quienes tienen la encomienda de la aprobación de la Ley Orgánica, que normará las actuaciones del TC.