El aumento unilateral al salario de los senadores constituye un privilegio frente a los demás empleados del Congreso Nacional, establece la Ley 105-13 sobre Regularización Salarial del Estado aprobada en agosto de 2012.
“A los fines de esta ley se entiende por servidores públicos a todos los funcionarios y empleados del Estado y las entidades que lo conforman”, expresa el párrafo de artículo primero.
El primer párrafo del artículo 5 indica el principio de equidad de la ley, el cual indica “la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en la presente ley de manera justa, a todos los servidores públicos, descartando cualquier excepción de manera exclusiva en ella”.
En agosto recién pasado, los 32 senadores se incrementaron en $70,000 el salario mensual, para elevarlo a $320,000.
Empero, excluyeron de ese beneficio al resto de los funcionarios y empleados de esa dependencia.
Conforme a la Ley, el incremento corresponde también a los diputados, los funcionarios y los empleados de esta Cámara.
“Las disposiciones de esta ley son aplicables de manera obligatoria a todas las categorías de cargos diseñados y establecidos en los órganos y entes comprendidos dentro de su ámbito de aplicación”, expresa el artículo 2.
El artículo 17 faculta al Ministerio de la Administración Pública a revisar cada dos años y actualizar las escalas salariales en el Poder Ejecutivo. El párrafo precisa que el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, y los demás órganos y entes de origen constitucional, así como los entes que conforman la Administración local, revisarán y actualizarán los salarios de sus funcionarios y empleados, observando lo estipulado en el artículo 17, siguiendo las escalas establecidas por el ministerio aludido.
