Las relaciones entre Colombia y Venezuela han vuelto a tensarse a raíz de deportaciones y del cierre de la frontera. Tras un ataque de supuestos contrabandistas y paramilitares colombianos, en los que tres militares y un civil venezolanos resultaron heridos, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar la zona y decretó el estado de excepción hasta nuevo aviso en el estado de Táchira.

Desde que estalló el conflicto unos 400 colombianos, entre los cuales figuran 42 menores de edad, han sido deportados por Venezuela.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se trasladaron a la zona fronteriza para conocer sobre el terreno la crisis que se ha creado tras las deportaciones y el cierre de la línea divisoria.

No sin advertir que más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas en cada nación existen derechos fundamentales que se tienen que respetar. Es claro que de no mediar la razón el problema solo puede complicarse.