El Senado escogió a los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral (JCE), que será encabezada por el actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, e integrada además por Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Sánchez, Patricia Lorenzo Díaz y Samir Rafael Chami Isa.

Si bien es cierto que 28 de 32 senadores votaron a favor de escoger a esos miembros de la JCE con sus respectivos suplentes, se resalta que fueron elegidos previo acuerdo de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiano (PRSC) y otras organizaciones políticas.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se opuso en todo momento a la escogencia de Jáquez Liranzo como titular del organismo de elecciones, al endilgarle supuesta parcialidad en su rol de presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y acusarlo de convertir esa corte en un mercado.

Se ha dicho que los nuevos integrantes de la JCE fueron seleccionados en base a previa garantía de que no forman parte de ninguna organización partidaria o de que actuarían con independencia frente al liderazgo político, pero sus nombramientos tuvieron que pasar por intensas negociaciones entre los partidos.

El sambenito de “independientes” no libera a esos nuevos magistrados de la obligación de convencer con sus actos a la sociedad de que cumplirán cabalmente con su deber y obligación de actuar con acendrada ética, elevada moral y apego a la Constitución y a las leyes.

La historia política y electoral reciente ha sido tintada con numerosos episodios de frustración y desengaño por las actuaciones de personas definidas como notables o árbitros confiables, que al dirigir o incidir en procesos comiciales han resultado en fiascos, cuyas actuaciones fueron determinantes en causar crisis institucionales.

La democracia dominicana no ha podido aún extirpar de su anatomía el tumor maligno de los procesos electorales accidentados por malas actuaciones de actores y árbitros, a causa de lo cual ha estado en numerosas ocasiones al borde del colapso, como ocurrió con la abrupta suspensión de las elecciones municipales de febrero.

Lo más saludable sería advertir al presidente y demás miembros de la JCE que esta vez no hay espacio para errores, inobservancia, componenda o prevaricación; que sus actuaciones serán revisadas con lupa por una población altamente desconfiada, que asume el papel de Santo Tomás, de ver para creer, o lo atribuido a San Juan: “por sus hechos los conoceréis”.