La primera vez que visité la oficina de los programas con la población envejeciente de Salud Pública me dio una depresión. En un cuarto dividido en dos, una sola secretaria frente a una máquina de escribir me informó que no se encontraba el incumbente. Dios mío, pensé, ¿puede ser ésta la oficina de un programa nacional?

Desde entonces hasta ahora ha corrido mucha agua bajo el puente. Mi madre, por ejemplo, no se perdía un programa de María Cristina Camilo y me decía: Es la primera vez que nos toman en cuenta.

En la República Dominicana, con 1,170,000 personas mayores de sesenta años, hemos entendido que la mera enunciación y repetición de los derechos de la población envejeciente no coadyuva a su implementación.

Evaluando lo sucedido con las otras Convenciones, el país ha desarrollado una estrategia a la inversa, es decir: fomentar la participación de la ciudadanía mayor en los espacios públicos y a partir de esa participación lograr la facultación (empoderamiento es un anglicismo, así como aperturar) del adulto mayor de lo que es la el Acuerdo de Madrid, resultante de la reunión mundial del 2002, y sus mandatos.

Actualmente está en proceso de revisión y actualización la Ley 352-98, de acuerdo con la nueva Constitución. Entre las modificaciones propuestas están: el derecho de la población mayor al empleo; la eliminación de la edad de retiro, actualmente de 75 años, (un asombro para la humanidad) para insertarse en los organismos como la Junta Central Electoral; y la formulación de leyes contra el abuso intrafamiliar, entre otras medidas.

Creemos que la vida participativa es la garantía de una vejez feliz, por eso nuestra función es facilitar el acceso de la ciudadanía mayor a espacios políticos tales como las Vistas Públicas del Congreso y las Comisiones de Seguridad Social y Salud, y la demanda de un Plan Nacional para el bienestar de la población envejeciente.

Este enfoque fue ponderado por la Segunda Sesión de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Envejecientes, realizada la primera semana de agosto, ya que no solo apoya la creación de una Convención Internacional sobre los Derechos del Adulto Mayor, propuesta por América Latina y El Caribe, sino que también plantea que en el grupo de trabajo formado por la OEA, para estos fines, cada región tenga su representante, para lo que República Dominicana ofrece su candidatura, como capacitadora en una estrategia de implementación de los derechos de la ciudadanía mayor, desde la participación, o la práctica, a la teoría. La China Popular, para nuestro estupor, se opone a una Convención, pero de eso escribiré próximamente.

¿Por quien votaremos? Ciertamente, por quien reconozca este potencial, lo articule, visibilice y defienda nuestros derechos, ni más ni menos.