SANTIAGO.-El gobernador de Montecristi, Marcelo Cordero, dijo ayer que responderá en los tribunales a las acusaciones que le formuló la exdirectora de la Juventud en esa provincia, Delglin Mireya Espinal Torres y su familia de que la hizo abortar y que tenía responsabilidad en el presunto fraude en autorizaciones de combustibles.

Cordero, apuntó que en su momento se querellará contra quienes lo acusan de haber mandado a interrumpir el supuesto embarazo de, Espinal Torres, quien guarda prisión junto a su pareja sentimental, Máximo Manuel Rosa (Jimmy) en un presunto fraude en la emisión de vales de combustibles, que eran cambiados por dinero en efectivo.

El gobernador Marcelo Cordero, precisó que luego de enterarse de las investigaciones se sorprendió de que, Delglin Mireya, estuviera envuelta en esa situación. Hasta el pasado miércoles era la encargada de la oficina del Ministerio de la Juventud en esa provincia.

Espinal Torres, a la salida del tribunal el pasado miércoles vociferó que mantenía una relación con el funcionario y que el también tenía conocimiento de lo que sucedía con las autorizaciones de combustibles.

“Los que se busca con esto es desvirtuar la situación en el desfalco, pero yo quiero decirles que yo responderé en su momento y que vayan buscando las pruebas que tengan”, apuntó el representante del Poder Ejecutivo en Montecristi.

Mientras que ayer familiares de la exdirectora de la Juventud se quejaron que la mantenían esposada a un tubo sentada en una silla plástica en la cárcel preventiva de allí, porque no la habían trasladado a la cárcel pública como lo autorizó la jueza que conoció su caso.

El pasado miércoles la magistrada Javierka Gómez, dictó tres meses, de prisión preventiva en contra de Espinal Torres y su pareja sentimental acusados de estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores en prejuicio de la Gobernación de Montecristi y la estación de combustible El Reloj.

Ambos fueron procesados por la supuesta falsificaron de 173 autorizaciones de compra de combustibles por valor de 10, 15, y 20 mil pesos, que eran cobrados en efectivo. La presunta estafa asciende a un total de RD$906 mil pesos en perjuicio del Estado y la estación de combustible El Reloj.