¿Hasta cuándo?

Un conflicto entre un sindicato y una federación de camioneros paralizó el viernes, hasta la mañana del sábado, las actividades de carga y descarga de mercancías en el puerto multimodal Caucedo, y causado pérdidas por más de dos mil 200 millones de pesos.

El Sindicato de Transporte de Furgones y afines de Boca Chica decidió desafiliarse de la Federación Nacional de Transporte (Fenatrado), lo que motivó que este grupo monopólico procure controlar por la fuerza el desplazamiento de mercancías en Puerto Caucedo.

Como resultado de ese pleito, fueron sido paralizadas todas las operaciones de ingreso y egreso de productos a ese puerto, el de mayor movimiento del país, que también sirve de trasbordo en la distribución de mercancía hacia destinos internacionales.

En vez de convocar a asambleas sindicales para que se rechace o se ratifique la decisión de los camioneros de Boca Chica de renunciar a Fenatrado, los dueños de esta federación dispusieron el virtual cierre del puerto, sin que ninguna autoridad procurara imponer ley y orden.

Se denunció que individuos armados despojaron por la fuerza a un miembro del sindicato de Boca Chica de los permisos que se distribuyen entre camioneros para retirar o llevar mercancías a ese puerto multimodal, lo que refleja la intención de pretender controlar por la fuerza el movimiento de carga y descarga de ese puerto.

Empresas industriales y comerciales confrontaron serios problemas porque a causa del cierre forzoso de esa terminal portuaria no recibieron materias primas o productos terminados para poder operar. La situación también afectó a exportadores que perderían contratos millonarios a causa de incumplimiento o retardo en la entrega.

Ningún mortal puede atreverse a movilizar aun sea un cerillo de fósforo en las terminales portuarias, sin el expreso consentimiento del ultra poderoso cártel que controla el movimiento de carga y descarga en los puertos nacionales, que impone precio y provoca pérdidas millonarias al sector productivo cada vez que literalmente a su dueño le pica el ombligo.

La Constitución de la República consigna el principio de la libre competencia, además de prohibir toda forma de monopolio particular, por lo que las autoridades están en obligación de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, sin importar cuán poderoso sea el ente monopólico y abusador.