Abuso de poder, intimidación, impotencia y miedo predominan en el transporte pesado del país, luego que una resolución gubernamental otorgara a la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y sus 208 sindicatos el derecho a movilizar el 50 por ciento de las cargas en el territorio. A nadie sorprende si cualquier día amanece bloqueada la entrada de una importante obra gubernamental o privada cuyos contratistas no utilizaron los camiones de Fenatrado para transportar arena, varillas, cemento u otro tipo de material.
Ninguna mercancía puede salir de los muelles si la mitad de los camiones y patanas que la transportan no pertenecen a ese todopoderoso gremio. Corren la misma suerte los vehículos cargados de víveres, frutas y vegetales procedentes de las zonas rurales.
Amparado en la resolución emitida en el 2004, durante el segundo gobierno del ex presidente Leonel Fernández, Fenatrado se arroga el derecho de paralizar cualquier actividad productiva cuando afecta los intereses de sus afiliados.
“Por esa reivindicación nos matamos con cualquiera”, afirmó Blas Peralta, presidente de Fenatrado durante los últimos 13 años. “Logramos esa resolución peleando, con muchísimas huelgas, piquetes, paros, diálogos”, añadió.
“Cuando un sector sindical logra una reivindicación no se la debe dejar quitar”, continúa Peralta durante una entrevista en su oficina en la avenida Luperón, en la capital.
El poder político y económico de industriales, ingenieros contratistas, productores agropecuarios, comerciantes, empresas navieras no han logrado “doblar el pulso” de un sindicato que posee más de 60,000 miembros y 7,000 camiones, greaders buldozzers, patanas, tractores, palas mecánicas y otros vehículos pesados.
“Donde hay 7,000 dueños no hay monopolio. Si todos los camiones fueran de Blas Peralta, eso sí es monopolio”, aseguró.
Ese poderío numérico y operativo convirtió al gremio en el “cuco” de gobiernos y políticos, que le permiten imponer sus reglas.
En esa “guerra” las acciones de los sectores productivos no han pasado de la denuncia y de “suplicarles” a los gobiernos que dejen sin efecto la resolución, que fue rubricada por los ministerios de Industria y Comercio, Trabajo y Obras Públicas.
En declaraciones a los medios de comunicación en las reuniones empresariales y en las quejas ante los funcionarios del Gobierno, argumentan que ese “monopolio” violenta el principio de la libre empresa, encarece el costo de las mercancías y resta competitividad al mercado dominicano.
Víctor Castro, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), afirma que la mayoría de los empresarios e industriales tienen flotillas de camiones ociosas, porque están obligados a usar las de Fenatrado.
“Tengo una inversión parada porque tengo que usar la ajena”, se quejó.
“Esa duplicidad de costos es traspasada al consumidor, en un país donde la mayoría de la materia prima es importada”, precisó el empresario.
Castro manifestó que los empresarios carecen de un organismo estatal para dirimir el problema del transporte de carga.
Dijo que por mandato del Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y Estados Unidos integrado al negociado con Centroamérica (DR-Cafta), firmado el 5 de agosto del 2004, fue creado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia).
Sin embargo, el personal que labora en esa dependencia estatal no recibe las denuncias sobre los conflictos entre los sectores productivos , porque el Poder Ejecutivo no ha nombrado el director, el único facultado para recibirlas.
“Los países que suscribieron este acuerdo están preocupadas por el manejo monopólico de las cargas en República Dominicana, pero al Gobierno no le interesa que esas cosas se ventilen. Hay sectores fácticos que no permiten que el carro avance”, manifestó Castro, en una entrevista para El Nacional.
Basada en los principios y derechos de la Constitución de la República, fue promulgada en el 2008 la Ley General de Defensa de la Competencia.
Esa legislación reconoce el derecho constitucional a la libre empresa, el comercio y la industria, compatible con la eficiencia económica, la competencia efectiva y la buena fe comercial.
Asimismo, el artículo 50 de la Carta Magna expresa que “no se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley”.
Agrega que “el Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional”.
Teodoro Tejada, ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), habla de los riesgos que corren los contratistas de obras públicas y privados que intentan usar sus propios vehículos.
“Nos paran las obras, nos meten tres o cuatro camiones en la entrada, nos a amenazan con pistolas y machetes. Esta es una situación insoportable”, aseguró.
Contó que si un ingenero contratista quiere hacer una contribución social en la comunidad donde levanta una obra y dona algunos materiales de construcción tiene que transportarlo en los camiones de Fenatrado, no en sus propios camiones.
“Vivimos un estado de sitio. El pueblo no puede seguir con ese chantaje”, dijo.
Tejada se quejó de que Fenatrado no sólo controla la oferta, sino que también, “de manera medalaganaria y sin ningún control”, impone las tarifas en el transporte terrestre y contribuye a encarecer ese servicio hasta en un 40 por ciento.
En noviembre del 2013, Fenatrado paralizó la construcción de la carretera de circunvalación Haina-Boca Chica, porque los contratistas de la obra se negaban a pagarles a los camioneros a 18 pesos con 29 el metro cúbico de material por kilómetro.
El ingeniero José Pérez Santiago afirmó que ni siquiera el más pequeño contratista, en el más remoto lugar, escapa de las “garras” del omnipotente Fenatrado.
UN APUNTE
En Fenatrado caben todos
La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) fue fundada en 1964 y desde entonces “ha hecho tantas huelgas que no caben en un cuaderno”. Está integrada por choferes, militares de todos los rangos, abogados, médicos, periodistas, ingenieros y una amplia gama de intereses económicos y políticos. Los choferes y propietarios de camiones tienen derecho a voz y voto en la organización, pero sólo los obreros pueden estar en la dirección de la misma.
Blas Peralta, su presidente desde hace 13 años, ingresó al gremio como chofer en 1978. Ese poderío numérico y operacional le convirtió en un “cuco” para los gobiernos y los partidos políticos. Está afiliada a la Confederación Sindical Clasista (CASC).
