Santo Domingo.-Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva este miércoles contra cinco de los 12 imputados que componían una red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, en lo que Ministerio Público llamó Operación Gavilán.

En tanto, que a los otros siete les otorgó arresto domiciliario. Estos fueron los que admitieron haber borrado fichas penales contra miles de personas.

El juez Rigoberto Sena dictó 18 meses de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República (PGR); Alfredo Mirambeaux Villalona, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Domingo Julio Santana Sánchez. Además declaró el caso complejo.

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As mismo, el magistrado Sena ordenó arresto domiciliario y otras medidas contra Laudelina Esther Reyes Silva; Ashley Darleni Morbán Reyes, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, el policía Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos, quienes fueron favorecidos por el Ministerio Público ante el juez, después que admitieron los cargos.

El pasado 1 de agosto el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.

Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial. Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General.

En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.