El fideicomiso es una figura jurídica que entraña obligaciones que no pueden estar por encima de la Constitución, aunque el testador represente al Estado y el fiduciario al sector privado, como es el caso de la fiducia donde se pretende encapsular por 30 años al complejo de generación eléctrica Punta Catalina.
Aunque se admita la afirmación del Gobierno de que con ese fideicomiso no procura privatizar un consorcio construido con fondos públicos, preocupa la aquiescencia a la inversión privada sin límite, bajo una autonomía absoluta de los comitentes que se extendería por más de una generación, lo que supone control a largo plazo.
No hay que ser experto en fiducias ni referir referentes sobre este tipo de concertación público-privada para advertir que en términos prácticos Punta Catalina camina a la privatización y que aunque sus efectos sean positivos el riesgo es muy alto.
Falta saber si al impulsar tan controvertida iniciativa, el Gobierno ha cubierto todas las previsiones jurídicas, más aun si se afirma que la ley que la sustenta no especifica con debida claridad la figura del fideicomiso público, aunque otras administraciones lo aplicaron pero en fiducias viales e inmobiliarias.
Tipos de privatizaciones, capitalizaciones o asociaciones público-privadas que se han aplicado en el subsector eléctrico han estado motivadas esencialmente por la necesidad del Estado de agenciarse recursos financieros y gerenciales para rescatar empresas públicas en situación de quiebra.
Ese no es el caso de Punta Catalina, cuya construcción ha conllevado un costo de más de US$2,500 millones, que genera más de 730 megas, equivalentes al 35 por ciento de la oferta de energía eléctrica actual y que ha producido ganancias operacionales. ¿Por qué entregarla al sector privado por 30 años como si fuera una heredad?
Más que debatir si la fiducia sería una privatización encubierta, lo que preocupa es que esa riesgosa operación podría despojar al Estado dominicano de capacidad jurídica y política para diseñar y dirigir políticas públicas relacionadas con el destino del subsector eléctrico, incluidos ámbitos de generación y distribución de electricidad.
Alguna razón tendría el inmortal Carlos Gardel para proclamar que “veinte años no es nada”, pero sería difícil convencer a la sociedad dominicana de que resulta útil y rentable renunciar por 30 años a la administración y gestión de un consorcio de generación eléctrica del que se dijo que su inversión se recuperaría en cinco años.