Desnacionalizados
Ley especial

El revuelo que ha causado la evaluación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la nacionalidad, en realidad no es para menos. Tras cinco días de consultas, el organismo encontró que el fallo es discriminatorio, porque conlleva una privación arbitraria de la dominicanidad, dado que impacta principalmente a dominicanos de ascendencia haitiana. Sin embargo, no ha de pasarse por alto que según el jefe de la misión de la CIDH, José de Jesús Orozco, el presidente Danilo Medina se comprometió a encontrarle una solución al problema de los desnacionalizados.

No es todo, pues según Orozco Medina también compartió algunos criterios para encontrar la salida «siempre basado en los principios fundamentales del respeto de los derechos humanos». Como a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se había anunciado un proyecto de ley especial de naturalización puede concluirse que el Gobierno, aunque no comparta el informe de la CIDH en todas sus partes, por lo menos está decidido a buscar una salida a las desnacionalizaciones que implican la sentencia del Tribunal Constitucional. Se trata de una disyuntiva que habrá que afrontar de alguna manera para superar el impasse.

Conflicto mercados
El Gobierno y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que ya se enfrentaron en los tribunales por la construcción de un puente peatonal en la avenida George Washington para beneficiar a la Universidad del Caribe, podrían volver a estrados por la administración de los mercados. En la disputa sobre estos establecimientos el secretario general del Cabildo, Andrés Navarro, ha calificado como un atentado, ilegal e inaceptable, que los centros de acopio sean traspasados, en supuesta violación de la Ley 108-13, a Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom).

No conforme con una decisión que además de ignorar un acuerdo a que se habría arribado fue dejado fuera del Consejo de Administración, el Cabildo, de acuerdo con Navarro, no descarta elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Amén de que también considera sospechoso que la ley fuera aprobada y promulgada al vapor. El Ayuntamiento no está dispuesto, como se advierte, a dejarse despojar de la gestión de los mercados