El 28 de marzo, doce organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe español, presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, denuncias de violaciones a los derechos de las mujeres por los Estados de la región que no consideran los derechos sexuales y reproductivos de las ciudadanas.

Entre las representantes, estaba la feminista dominicana Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud y coordinadora de la Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, quien expuso casos concretos de tortura, barbarie y violación de derechos, cometidos en la región, situaciones inaceptables en esta era de esplendor de los derechos humanos.

De acuerdo a las expositoras en la Audiencia, existen ciclos comunes en la región, de interpretación restringida del derecho a la salud de las mujeres, con sistemas que no toman en cuenta las discriminaciones que establecen y la estela de morbi mortalidad con cara de mujer joven y en edad de reproducir.

En América Latina y El Caribe, el aborto ilegal e inseguro, se encuentra entre las 5 primeras causas de muerte materna, manteniéndose las cifras más altas en los países donde se penaliza totalmente la práctica, Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana. En Cuba, Puerto Rico y Ciudad México, existe la despenalización total del aborto, y en el resto de países de la región, hay diferentes grados de no punibilidad con referencia a causales extremas, como son el embarazo por violación y el incesto, y el riesgo de muerte para la mujer embarazada.

La República Dominicana tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna, una condición que no acaba de preocupar a las autoridades de Salud Pública. En nuestro país, para el 2010, de acuerdo a las cifras oficiales de Salud Pública, murieron por causas asociadas a la maternidad, 187 mujeres, las que sumadas a los 210 feminicidios oficialmente reportados por la Procuraduría, suman en 397 las muertas, casi 400 dominicanas.

El contexto de total penalización del aborto, la falta de políticas públicas diferenciadas por género en prevención y atención, objetores legislativos parcializados con decisiones sesgadas por moralismos religiosos, afectan la libertad y el derecho a la vida de las dominicanas, obligadas por la falta de un marco jurídico en derechos sexuales y reproductivos y por la existencia de otro que nos condena criminalmente.

Sin embargo, la moral de la nación aguanta que la JCE entregara a 25 partidos minoritarios RD$ 29,548,027.41, de un total de 118,192,109.60 que recibirán en el año 2011 como contribución preelectoral por parte del Estado. ¡Ni 4% ni nada de nada, para hacer politiquería, sí!