La Junta Central Electoral (JCE) ha notificado a los partidos políticos la resolución que concede un plazo de 75 días para que comuniquen formalmente la modalidad de primarias abiertas o cerradas que emplearán para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular para los comicios de 2020.

Con esa notificación se inicia la aplicación de la ley 33-18 que concede a los partidos potestad de escoger la forma de selección de candidatos con padrón de afiliados o con el de la JCE, por lo que ha sido oportuno poner en auto a organizaciones en torno a los plazos fijados para el cumplimiento de ese estatuto.

Son elevadas las posibilidades de que la escogencia de primarias abiertas o cerradas se constituya en motivo de agravamiento de crisis internas en partidos mayoritarios, pero también crece el temor de que una vez escogida la vía también se produzcan trastornos en el proceso de elección.

El calendario de la JCE fija plazos también para la reserva de candidaturas del 20% que corresponde a los partidos, incluidas las cedidas por alianzas o coaliciones, así como el inicio de la precampaña, celebración de primarias, proclamación de candidatos y registro de candidaturas.

Los partidos cuentan con un plazo de dos meses y 15 días para afrontar sus divergencias en torno a la modalidad de escogencia de sus candidatos, tiempo suficiente para sofocar cualquier incendio o al menos para evitar su propagación.

Tortuoso, dilatado y descarnado fue el proceso de discusión y aprobación en el Congreso de la Ley de Partidos, que al final quedó mutilada y difusa, pero aun así, ese es el instrumento jurídico que la JCE aplicará, sin que ninguno de los actores pueda alegar ignorancia respecto a su contenido.

Organizar y supervisar los procesos internos de más de una veintena de partidos para escoger candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores, diputados, alcaldes y regidores no será tarea fácil para la JCE, menos aun si las organizaciones partidarias no garantizan en sí mismas comicios libres y transparentes.
El éxito o fracaso en la aplicación de tan controvertida ley queda en manos de los partidos, en especial del liderazgo político nacional, que no puede alegar ignorancia sobre el daño que se infligiría a la endeble democracia si se persiste en despojar a militantes y ciudadanos del pleno derecho a elegir y ser elegidos.