POR Orlando Gómez Torres
ogomez@redpolitica.com

Estuve entre los muy opuestos a la forma en que fue ejecutada la expulsión del poder del ex presidente hondureño Manuel Zelaya, en particular porque hacía virtualmente imposible una aceptación legal de las nuevas autoridades por parte de la comunidad internacional en virtud de la Carta Democrática de la OEA. Pero no por ello significa que he estado en contra de la destitución en sí y a favor de las fallas de la comunidad internacional.

Nos vivimos quejando de que quienes controlan el poder se ponen por encima de las constituciones y las leyes, que la centralización de todo el Estado alrededor de un Presidente atenta contra la institucionalización de nuestros países, pero curiosamente ahora cuando los demás poderes ejercen sus facultades de someter a un Presidente a los controles institucionales creados por la Constitución que el juró preservar, los castigamos, sin si quiera guardar las apariencias.

Pero no sólo estamos castigándoles, estamos violentando todas y cada una de las normas del derecho internacional al entrometernos de forma burda en los asuntos internos de Honduras, y abiertamente propugnando por un golpe de Estado en ese país, de una forma nunca antes vista.

Todas las instituciones democráticas de Honduras como el Congreso, Suprema Corte, partidos políticos y incluso el Poder Ejecutivo siguen funcionando bajo las normas constitucionales previstas, por lo que más que golpe de Estado, lo de Zelaya fue una destitución, algo perfectamente normal y posible en cualquier democracia.

Pero al propugnar el retorno del ex presidente, la comunidad internacional solicita a Honduras un desconocimiento de su propia Constitución, aventurarse a que el Congreso sea disuelto y la Corte Suprema cesada en sus funciones por un Zelaya que buscará sacar partido político de su reposición y obtener carta blanca para todo lo que se le ocurra hacer. Que no quepan dudas, la reposición de Zelaya significa de facto el desmembramiento de los demás poderes del Estado en Honduras.

Entonces la comunidad internacional debe preguntarse, ¿Es correcto cambiarles a los hondureños una destitución por un golpe de Estado? ¿Qué tanto más inestable quedaría Honduras si Zelaya es repuesto ante un Congreso, una Suprema Corte y un Ejército que no lo quieren y que seguramente él buscaría destruir?

Se ha hablado mucho de precedentes sobre este asunto, y sin lugar a dudas el precedente creado ha sido nefasto. Se ha demostrado que el comunidad internacional prefiere apostar por la destrucción de la institucionalidad y la independencia de los Poderes del Estado en nuestros países, para favorecer las virtudes del populismo mesiánico, el caudillismo y el presidencialismo, los mismos males que han condenado a toda América Latina a siglos de pobreza. Y que lo hará de la forma más firme posible, ignorando otras alternativas más sensatas, como un posible adelanto de las elecciones presidenciales, por ejemplo. Es un precedente que debe hacer temblar a todos los pueblos que aspiran al respeto institucional y el sometimiento de sus líderes a las leyes que juran defender.