Estados Unidos sabe que guardar silencio sobre la crisis de Haití es legitimar la usurpación del poder en Venezuela y estimular la alteración del proceso institucional en varios países de la región.

Tras desacatar una sentencia del Poder Judicial acerca de la culminación de su mandato, el presidente Jovenel Moïse ha recurrido a la fuerza para afianzarse en el puesto.

Su primera decisión fue ordenar la detención del juez del Tribunal de Casación que aceptó ocupar la presidencia de la República para convocar elecciones y después sustituir por decreto a tres integrantes de la máxima instancia judicial.

La oposición también le atribuye organizar bandas paramilitares para aterrorizar a los sectores que demandan el cumplimiento de la Constitución, entre los que figuran la Iglesia católica y empresarios.

Estados Unidos, que ha levantado la voz contra el golpe institucional del presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, y de conocer un juicio político contra el expresidente Donald Trump por incitar a la ocupación del Capitolio, no tiene que pronunciarse con fuerza acerca de la crisis política que sacude a la nación haitiana. Por más deteriorada que esté su autoridad moral, Washington es aun la voz más sonora en torno a conflictos políticos en América Latina.

La OEA tampoco debe desvincularse de su mediación para que Moïse respete la decisión del Poder Judicial, que determinó que su mandato expiró el 7 de este mes. Sin embargo, el presidente dice que no, que se va el 7 de febrero de 2022.