Aunque el ministerio de Interior y Policía sostiene que la delincuencia se ha reducido, admite que prevalece la percepción en la ciudadanía de que los crímenes y delitos van en aumento, por lo que al fin y al cabo lo que vale es lo que la gente cree sin importar las frías estadísticas.

No es lo mismo, por ejemplo, señalar que el número de homicidios disminuyó en tanto por ciento, que saber que en sólo una semana tres policías fueron acribillados por delincuentes, que a dos jóvenes los ejecutaron y decapitaron y que dos personas fueron secuestradas.

Lo mismo ocurre con los remedios que se ofertan para afrontar la espiral delincuencial o los diagnósticos en torno a las causas de ese flagelo. Aquí también choca la teoría con la realidad, aunque lo peor se presenta cada vez que un tema angustiante como el de la seguridad ciudadana se toma como balón de politiquería.

Los políticos más cuidadosos atribuyen el incremento de los asesinatos por encargo, atracos, asaltos, secuestros, robos agravados y violaciones a la marginalidad o exclusión social y prometen que de alcanzar el Poder impulsarían políticas sociales a favor de la juventud.

Otros dirigentes asociados a la temeridad y a la extravagancia advierten que el país se encamina a convertirse en otro México o Colombia, sin reparar que en la tierra azteca se han producido 26 mil muertos en cuatro años y que el país sudamericano es el mayor productor y exportador de drogas del mundo.

La Casa Blanca acaba de incluirnos como uno de los países que sirven de puente al narcotráfico, sin destacar que las trazas aéreas han disminuido y que las autoridades han desmantelado los principales grupos locales de narcos y decomisado toneladas de cocaína. Olvidan, por supuesto, que Estados Unidos en el mayor consumidor de drogas, sostén de la producción y de los puentes.

A largo plazo, el auge de la delincuencia se contendrá con el impulso de políticas que ataquen la exclusión social, que debería ser con una mejor distribución del ingreso, con mayores recursos a la educación, salud, vivienda y recreación, pero como remedio para contener la convulsión se requiere imponer a cualquier costo la dictadura de la ley.

Ningún delincuente, rico o pobre, sin importar bandería, debe estar exento de la aplicación del Código Penal, que señala penas de hasta 30 años de reclusión para los crímenes de prevaricación, narcotráfico, lavado de activos, asesinato, secuestro o cualquier delito ejercido con o sin violencia.

En lo que el hacha va y viene, se requiere que los fiscales y policías actúen con diligencia y fortaleza y que los jueces apliquen sentencias máximas en los casos comprobados y que ningún delincuente, bajo ningún subterfugio procesal o mafia pueda escapar de la mandarria de la ley.