Nadie en su sano juicio, incluido el presidente Leonel Fernández, se opone al clamor de que el Gobierno destine el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, pero difícil es convencer a los propulsores de ese reclamo sobre la imposibilidad de aplicar esa medida.

Aun así, por tratarse de una campaña que sustituye a otras fallidas jornadas mediáticas, como la del narco Estado, corrupción generalizada, endeudamiento excesivo y despeñadero de la economía, vale la pena intentar explicar el porqué no es posible cumplir con esa ley que tampoco se aplica con los ayuntamientos, Presidencia, Universidad Autónoma y en muchos otros escenarios.

Aunque en el Presupuesto nacional de 2011 se establece un incremento de más de cinco mil millones al sector educativo, el presidente Fernández no ha negado razón al pedimento del cuatro por ciento; sólo ha sugerido que se discuta también lo relativo al currículo educativo o a la calidad de la enseñanza.

Es pertinente precisar que el PIB se calcula en unos 53 mil millones de dólares, por lo que el cuatro por ciento de esa cifra debe ser en moneda local unos 90 mil millones de pesos, cifra muy superior a los 45 mi millones asignados al sector educativo en el Presupuesto del 2011, cuyo monto es de 390 mil millones.

¿Por qué es difícil aplicar ese porcentaje? Veamos: como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el financiamiento del Presupuesto Nacional se reducirá en más de 18 mil millones de pesos, de 115 mil a 96 mil millones, para poder cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal de 2.4 por ciento a un 1.6% del PIB.

Otros 18 mil 500 millones deberán ser transferidos al Banco Central para alimentar su programa de recapitalización y diez mil 500 millones al sector eléctrico para conjurar su dilatado déficit, lo que suma 28 mil 500 millones de pesos que estarían fuera de cualquier porcentaje al sector educativo.

Usted me diría que aun así es posible apartar 90 mil millones para la educación, pero para poder hacerlo tendría que obviar ineludibles compromisos con el FMI, como el de recapitalizar al Banco Central y pagar las deudas con los generadores de electricidad. Si no se entiende la gravedad del problema, entonces hay que decir que un rompimiento con el Fondo significaría el fin de la estabilidad monetaria.

En caso de que el Gobierno decida romper con el FMI para cumplir con una ley inaplicable, entonces vale preguntar: ¿Dónde invertir esos recursos? ¿En cuales área de la Educación? ¿En cuales programas?

El Ministerio de Hacienda anunció una salida temporal al problema que sería consignar al sector educativo el 30 por ciento de los excedentes presupuestarios de 2011, para aplicarse en construcción, reparación y equipamiento de escuela, a la espera de que la sociedad toda discuta cuál sería el destino de la educación dominicana en términos de recursos y de programas.