Los verdugos

Cuando el diputado que llaman El Querido anunció que sometería un proyecto de modificación de la Ley de Acceso a la información, la repulsa fue unánime entre sus compañeros legisladores, por lo que no se atrevió a presentar tan infausta iniciativa. Desde entonces nunca más se ha hablado de tocar ese estatuto, por lo que causa extrañeza que instituciones de la mentada sociedad civil gasten un dineral en espacios de periódicos, radio y televisión en los que exhortan a la población a impedir el supuesto plan de alteración o anulación de esa ley.

En una compaña muy bien montada se consolida el mensaje de que el Gobierno urde la mutilación de una conquista, iniciativa del entonces senador peledeista José Tomás Pérez, con la intención de evitar que la población pueda tener acceso a fuentes informativas relacionadas con el manejo de fondos públicos o más claramente, para ocultar formas de prevaricación.

Varias entidades nacionales y extranjeras se han asociado para elaborar lo que denominan un ranking de transparencia, que sitúa a las instituciones del estado en escala del uno al cien, según el nivel de cumplimiento de la referida ley de acceso a la información.

Es obvio que Gobierno ni población pueden objetar esa iniciativa, aunque sí reclamar o sugerir que no sea contaminada o sesgada por intereses políticos, religiosos, mediáticos o corporativos (en ese mismo orden).

Hay que reconocer que la mayoría de las instituciones oficiales ha avanzado en la aplicación de la ley de acceso a la información, aunque aún falta un trecho mayor para su observación total y rigurosa, pero eso no quiere decir que en el Gobierno exista una conspiración para promover el fracaso de ese estatuto, menos aun con la finalidad de tener vía libre para la corrupción rampante.

La administración del presidente Fernández ha impulsado las mejores y mayores iniciativas legislativas relacionadas con la transparencia en el manejo de fondos públicos, tales como las nuevas leyes de contratación de obras y compra de bienes y servicios, así como la ley de Contraloría, entre otras.

En la mayoría de las instituciones públicas, a los periodistas responsables (definición usada por esas entidades) y demás mortales, no se les coarta el derecho al libre acceso a la información, pero si así fuera, las puertas de la Justicia están abiertas de par en par para reivindicar ese atributo.

Es menester señalar que no existe en el Gobierno ningún plan para mutilar o anular tan preciada ley, como también es preciso advertir que ninguna campaña de saneamiento moral puede operar como espada inquisidora que se clava según el interés o provecho de los verdugos.