El informe sesgado, parcializado, incompleto y retorcido de Participación Ciudadana sobre la situación de República Dominicana en 2011 desnuda de cuerpo entero a esa entidad y la coloca como una estructura política, fáctica y mediática al servicio del sector del PRD que impulsa la candidatura presidencial de ese partido.

Antes de instalarse los magistrados de las Altas Cortes, esa entidad desató una campaña de descredito contra sus magistrados al señalar que su escogencia fue el resultado de un pacto entre el presidente Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, titular del partido blanco, sin reparar que en todas partes del mundo, la composición de los tribunales supremos es la consecuencia del consenso político y social.

La composición de la Suprema Corte, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral está directamente conectada con la voluntad popular expresada en las urnas que determinó la correlación de fuerzas en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ningún apartado constitucional prohíbe ocupar puesto de juez a profesionales del derecho que han ejercido la actividad política.

Donde las enaguas de PC quedaron al descubierto fue al quejarse por la exclusión en la Suprema Corte de una magistrada con sólida relación filial con un empresario de la construcción muy ligado al candidato opositor, un tipo de nexo que a esa gente no le parece trascendente, aunque hay que decir que a esa abogada le asistía todo el derecho de pertenecer a la Suprema y de optar por quedarse.

Cuando se sabe que las direcciones del PRD y del PLD procuran salida al impasse creado por el reclamo de un sector perredeista para que se cancele al director de cómputos de la Junta Central Electoral, Participación Ciudadana decreta que la JCE ha perdido credibilidad y asumen como suyo el pleito iniciado por esa facción partidaria.

No conforme con pretender desacreditar al órgano encargado de organizar las elecciones, PC intenta arrojar desperdicios sobre las Altas Cortes, a cuyos miembros se refiere de manera desconsiderada, sin tomar en cuenta que esos magistrados tienen cada uno una hoja de servicio posiblemente de mayor alcance que sus detractores que se consideran ombligo de la moral.

Como para que no queden dudas de su rol de faldero partidario, Participación Ciudadana intenta presentar la imagen de una República fallida y de una economía en bandolera, cuando la realidad es que la democracia política se fortalece cada día.