SANTO DOMINGO.- El abogado Julio Núñez denunció la ocurrencia de una serie de actuaciones administrativas en el Departamento de Extranjería de la Dirección General de Migración que generan una preocupante situación de inseguridad jurídica para familias e inversionistas establecidos en el país.

Dijo que, conforme a informaciones recopiladas por él, numerosos extranjeros que han depositado sus expedientes para obtener o renovar sus residencias, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la normativa migratoria dominicana, están enfrentando rechazos administrativos sin explicación jurídica clara, así como retrasos excesivos y ausencia de respuestas formales a los recursos administrativos interpuestos por los afectados.

Según indicó el jurista, esta situación está afectando a ciudadanos extranjeros que llevan años residiendo en la República Dominicana, muchos de los cuales han realizado inversiones importantes en el país, han creado empresas, generan empleos y han desarrollado su proyecto de vida dentro de la sociedad dominicana.

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En numerosos casos, señaló Núñez, se trata de familias con hijos que estudian en colegios y universidades del país y que se encuentran plenamente integrados al sistema educativo y social dominicano, lo que convierte estas decisiones administrativas en situaciones particularmente delicadas desde el punto de vista humano y jurídico.

El abogado advirtió que la negativa a ofrecer explicaciones jurídicas claras sobre las decisiones adoptadas, así como la falta de respuesta a los recursos administrativos presentados por los afectados, podría constituir una vulneración de principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Dominicana, particularmente aquellos relacionados con la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el debido proceso administrativo.

Asimismo, recordó que la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo establece que toda decisión de la administración pública debe estar debidamente motivada y fundamentada en derecho, garantizando al ciudadano la posibilidad de comprender las razones de la actuación estatal y ejercer su derecho de defensa.

De igual manera, el jurista subrayó que cuando estas decisiones afectan a familias con hijos menores de edad, el Estado debe actuar con especial responsabilidad, ya que la Ley 136-03 establece el principio del interés superior del niño, el cual obliga a que toda decisión administrativa tome en cuenta el bienestar y la estabilidad familiar de los menores.

El abogado Julio Núñez advirtió que estas situaciones podrían estar generando un clima de incertidumbre que impacta negativamente la confianza de inversionistas y residentes extranjeros en la institucionalidad dominicana, afectando la imagen del país como destino seguro para la inversión y el desarrollo empresarial.

Por tal motivo, hizo un llamado respetuoso pero firme al presidente de la República y al director general de Migración para que dispongan una revisión institucional de las actuaciones del Departamento de Extranjería y garanticen que los procesos migratorios se conduzcan con apego estricto a la Constitución, a las leyes y al respeto de los derechos fundamentales.