La decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de limitar a los adultos mayores la vigencia de la licencia de conducir a dos años y cobrarle el doble de tributo por su expedición es una medida abusiva, discriminatoria y, por tanto, violatoria a la Constitución.

Tal parece que para el Intrant, quienes rebasen esa edad son responsables de que República Dominicana figure entre los primeros lugares en el mundo en número de muertes provocadas por accidentes de tránsito, por lo que deben ser excluidos del artículo sustantivo que estipula la igualdad entre las personas.
Los segregados adultos mayores son condenados a tributar dos veces lo establecido en la ley, al presuponer las autoridades que son peligrosos o temerarios, pese a que al renovar el permiso de conducir, todos los ciudadanos son objeto de una revisión de sus condiciones físicas y mentales vitales.

Si una persona, al momento de actualizar ese documento, no supera el examen de la vista o presenta limitaciones sicomotoras o cualquier otro motivo válido para restringir la vigencia o anular la licencia, es obvio que debe procederse de acuerdo con la ley.

Lo que resulta discriminatorio es que se establezca un previo procedimiento administrativo que limite la vigencia de ese documento a personas que superen los 65 años, cuando la ley fija una duración de cuatro años, bajo la presunción de que por razones de edad no tendrían capacidad para conducir un vehículo.
No se niega legitimidad al interés del Intrant de prevenir accidentes de tránsito, pero si así fuere, las estadísticas apuntan que en la mayoría de las colisiones viales figuran personas jóvenes, especialmente conductores de motocicletas, lo que debería ser objeto de mayor atención al momento de la renovación de una licencia.

El presidente Luis Abinader encabezó ayer la ceremonia de entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República, por lo que resulta lastimoso que hoy mismo se advierta sobre incumplimiento al Texto Sustantivo por vía de un decreto que reglamenta la ley referida a la expedición de licencias de conducir.

Procede que en lo inmediato el Intrant revoque esa absurda disposición, aunque haya que anular cualquier disposición precedente, claramente abusiva y discriminaría, como es el obligar a un ciudadano a pagar doble tributación por la mera presunción oficial de que se convertiría en un peligro público.