En pretendido provecho de una manifiesta permisibilidad o complicidad oficial ante sucesivos atropellos contra derechos ciudadanos, los colegios privados anuncian que obligarán a padres y tutores a pagar por adelantado la totalidad del importe del año escolar, según consigna El Caribe, en su edición de hoy.

Una resolución del cártel que agrupa a esas instituciones educativas adelanta que quienes rehusen cumplir con esa disposición serán colocados en las listas de personas insolventes o morosas de los burós de créditos.

El secretario de Educación, licenciado Melanio Paredes, ha advertido que tal pretensión viola inalienables derechos de niños y adolescentes a la escolaridad, aunque tal señalamiento resulta insuficiente para evitar que se perpetre ese incalificable abuso contra las familias que a duro sacrificio tienen a sus hijos en el ámbito de la educación privada.

Lo que se pretende es obligar a padres y tutores a pagar elevadas sumas de dinero para cubrir el año escolar de sus hijos, incluidos los meses de vacaciones y las cuotas adicionales, como si ésta fuera una sociedad sin controles, a merced de gente insensible y abusadora.

Son pocas las familias que podrían cumplir con ese imperativo inconstitucional, que obliga a adelantar pagos por servicios no realizados al que se agrega la inadmisible amenaza de dañar el historial crediticio de sus víctimas.

Se resalta que los colegios privados albergan el 25 por ciento de la población escolar, lo que ofrece también una idea del terrible efecto que el despropósito de cobrar por adelantado el año lectivo, tendría sobre la economía familiar.

Además de imponer pagos ilegales, cambio repentino de libros y materiales de texto y otras barbaridades, colegios privados, convertidos en cárteles educativos, pretenden realizar labor de tesorería con centenares de millones de pesos que procuran cobrar por adelantado.

Una ciudadanía indignada reclama y exige de las autoridades de Educación e Impuestos Internos poner un alto a ese abuso incalificable.