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Tiene toda la razón el presidente Leonel Fernández cuando señala que en sus gobiernos se han hecho importantes aportes en la lucha contra la corrupción administrativa y la institucionalidad democrática.

Y es que, si bien constituye una obligación denunciar las irregularidades y los actos reñidos con la ley y la ética que se pueden cometer desde el Estado y los poderes públicos, igualmente se deben reconocer aquellas instituciones y funcionarios que brillan por su efiencia y transparencia en la administración pública.

En la presente gestión se pueden citar varios ejemplos aleccionadores. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central de la República, ONAPI, la Secretaría de Estado de Trabajo, la Superintendencia de Seguros y el Banco de Reservas de la República Dominicana, entre otras, se destacan por la realización de una labor seria y fructífera.

Desde su primer gobierno, el presidente Leonel Fernández ha impulsado la sistematización de las instituciones públicas dominicanas, las cuáles operaban artesanalmente en su mayoría, y con niveles de discrecionalidad y verticalidad escandalosos.

Ese primer esfuerzo de modernización del Estado estuvo acompañado por una reforma importante del sistema judicial dominicano, que incluyó la construcción de toda una infraestructura física para el funcionamiento de sus órganos, incluido el Ministerio Público.

La mejoría del servicio en la Dirección General de Pasaportes y en la de Correos, así como en los servicios consulares, han sido igualmente notables en las administraciones del doctor Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana.

La lucha contra las mafias, los intereses creados y la amplia red de macuteadores que tradicionalmente han impedido el buen y correcto desenvolvimiento de las instituciones del Estado, ha sido muy dura, pero se ha avanzado bastante en los gobiernos de Fernández.

Negar esos méritos institucionales es una mezquindad y una injusticia.

Es cierto que todavía falta mucho camino por recorrer y muchas instituciones que reformar como la Policía Nacional y los cuerpos castrenses, así como los organismos del sector energético y otros más.