Cuando Víctor Toro camina por las pintorescas calles del sur del Bronx, exhibiendo su barba blanca y con una pañoleta roja sobre la cabeza, no pasa desapercibido: la gente lo conoce, lo llama por su nombre. Han leído sobre él en periódicos, han visto su rostro en la televisión.

El chileno ha luchado durante tres décadas por los derechos de los inmigrantes, ha alimentado a indigentes en iglesias, y ha luchado por alejar a jóvenes de las drogas.

Pese a su popularidad, Toro no sabe si va a poder continuar trabajando con las comunidades inmigrantes del tumultuoso barrio neoyorquino, donde demasiados lazos lo atan.

Una orden de deportación pende sobre el ex guerrillero de 68 años, uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, y quien fue exiliado después de haber sufrido torturas bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.

Arribó a Estados Unidos en 1984 tras cruzar ilegalmente la frontera a través del río Bravo, cerca de El Paso, Texas, luego de refugiarse en México, donde, dice, lo perseguían policías del dictador Augusto Pinochet.

Pese a estar casado con Nieves Ayress, una chilena que es ciudadana estadounidense y a quien conoció en un campo de concentración chileno, no puede regularizar su situación migratoria.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, una persona que entra ilegalmente no puede cambiar su estatus migratorio si se casa con alguien que sí tiene estatus legal.

Sólo quienes entraron legalmente al país o quiénes están cobijados bajo la sección 245(i) de esa ley que aplica a quienes entraron legalmente al país pueden solicitar la residencia permanente a través de un familiar. La pareja tiene una hija, Rosa Victoria Toro, que nació en Cuba durante la larga peregrinación de Europa hacia Nueva York, donde Toro finalmente echó algunas raíces.

Ella es residente permanente en Estados Unidos. La familia cuenta ya con una nieta.

Toro nunca solicitó la residencia legal y a la larga fue arrestado en 2007 en un tren en Rochester, Nueva York, tras haber participado en una manifestación a favor de los derechos de los inmigrantes.

Cuando los policías de inmigración le pidieron su documentación, Toro les entregó un pasaporte chileno caducado.

Desde entonces él y su abogado, Carlos Moreno, luchan para que se le otorgue asilo en Estados Unidos.

Pero en marzo pasado la juez Sarah Burr negó la petición y él apeló, lo cual retrasó su inminente deportación.

Para que una solicitud de asilo tenga éxito, según la ley estadounidense, debe someterse a consideración de las autoridades dentro del año de salida del país de origen, salvo contadas excepciones que tampoco son aplicables a este caso.

Un grupo de amigos, en su mayoría jóvenes que Toro ha ayudado, no lo desampara y pelea sin denuedo por su caso.

Parece un séquito que lo acompaña y que abarrota las cortes de inmigración, le organizan ruedas de prensa y planean hacer una manifestación de apoyo.

Tras 27 años viviendo como indocumentado en Estados Unidos, este activista y, para muchos, héroe anónimo del Bronx vive en un limbo legal que lo ha obligado a repasar su pasado y a enfrentar los fantasmas que dejó en su país natal.

Teme regresar y reencontrarse con sus torturadores a un país que, además, lo declaró muerto en 1978 a solicitud de su madre, un año después de expulsarle.

Me siento como un palestino, dijo a The Associated Press el chileno de ojos tristes, mirada firme. Un palestino que no tiene donde vivir. Pero la realidad que vive Chile hoy es muy distinta a la que Toro padeció.

Si es deportado, regresará a un país que en los últimos 21 años ha sido democrático, dirigido por el primer gobierno derechista electo popularmente, luego de que una mujer, divorciada y socialista, fuera la máxima autoridad constitucional.

Del MIR que Toro ayudó a fundar sólo queda un grupúsculo que carece de representatividad popular, y que hace décadas dejó su lucha armada.

Durante el régimen militar 3.065 opositores fueron asesinados y un tercio desapareció. De la dictadura siguen vigentes no pocos derechistas que apoyaron a Pinochet y que fueron su sustento político.

Pero la policía represiva del dictador fue disuelta y 800 personas que fueron sus agentes enfrentan juicios por violaciones a los derechos humanos. De ellos, 71 están encarcelados, según cifras oficiales a noviembre de 2010.

En términos generales, los restantes, hoy ancianos, esperan continuar anónimos y no ser nombrados en ninguna nueva querella por crímenes de lesa humanidad. Toro no enfrenta acusaciones de ninguna clase ante tribunal alguno en Chile.

Su certificado de defunción, emitido en Chile el 9 de diciembre de 1978 por muerte presunta, no debería ser un obstáculo para devolver al chileno a su país.

Toro asegura que el certificado fue solicitado por su madre que fue obligada a hacerlo por las autoridades. Pero el gobierno Chileno dice que anular ese documento es un tramite sencillo, y no existen barreras para su regreso como ciudadano.

Chile está obligado a recibir a sus nacionales que vengan deportados de otros países, dijo un portavoz de la subsecretaría del ministerio del interior chileno.

En caso de que Estados Unidos decida deportar a este ciudadano, existen procedimientos de documentación necesarios para que la eventual deportación se haga efectiva. Toro aún sufre pesadillas y sigue atrapado en las memorias del país que dejó cuando era un joven revolucionario.

Dice que no tiene familia en Chile luego de que sus padres murieran durante su largo exilio, pero al salir dejó atrás ocho hermanos y hermanas menores.

Dice que teme ser torturado y muerto bajo policías de Pinochet que no han sido juzgados o que se encuentran en el gobierno, pero el ahora independiente sistema judicial chileno ha procesado cientos más de los que Toro recuerda.

Teme que el presidente chileno Sebastián Piñera libere al jefe de espías de Pinochet, Manuel Contreras, y a otros torturadores, pero lo único que está en trámite en el Congreso es un proyecto de ley para reducir la sobrepoblación carcelaria que explícitamente excluye a los reos mayores de 80 años y a los enfermos terminales para dejar expresamente fuera de los beneficios a violadores de derechos humanos, según dijo el ministro de Justicia.

Cree que podría enfrentar repercusiones por hablar y apoyar la causa radical de recuperación de la tierra ancestral de los indios Mapuche mediante la violencia y quienes fueron acusados de violar la ley antiterrorista de Chile, pero en ese país hay muchos activistas que hablan abiertamente en favor de esos prisioneros, sin temor a represalias.

El Chile de Toro, en resumen, no es aquel que dejó en 1977: una sociedad en la que oscuros agentes del terror actuaron bajo la más absoluta impunidad, en la que miles de chilenos participaron en las atrocidades y miles más fueron intimidados.

El gobierno que hay ahora es la esencia de lo que Pinochet estableció en Chile, dijo Toro. Piñera es un producto de la dictadura militar. Está gobernando con las leyes de Pinochet. Sigue esa misma constitución que es el pinochetismo.

Es un modelo de opresión. Si voy a Chile voy a pelear contra eso. Pero hasta algunos de los antiguos camaradas de Toro del MIR dicen que Chile ha madurado en más de dos décadas de democracia.

Hemos regresado tantos a Chile y no ha pasado nada, dijo a la AP el médico Edgardo Condeza Vaccaro, fundador de la organización guerrillera.

El MIR de ese entonces era una organización que estaba fuera de la ley chilena. Fundado el 15 de agosto de 1965, el movimiento propugnaba por la vía armada para establecer un estado socialista y criticaba al gobierno del presidente Salvador Allende, que llegó al poder mediante las urnas, al que catalogaban simplemente de reformista.

A dos años de su creación, el movimiento político-militar, de corte marxista-leninista, inició su preparación para una lucha armada y en 1969 iniciaron robos de bancos para financiar su guerra.

Durante uno de esos asaltos a instituciones financieras murió un suboficial de la policía uniformada y otro falleció en un enfrentamiento entre policías y miristas.

Ambos hechos ocurrieron antes de que Allende asumiera la presidencia, en noviembre de 1970. El MIR fue uno de los grupos más perseguidos por los servicios represivos de la dictadura, junto con los militantes del Partido Comunista.

No hay cifras exactas de cuántos policías o agentes represivos murieron a manos de los miristas, pero la acción militar más destacada durante la dictadura fue el asesinato del coronel Roger Vergara, director de la escuela de inteligencia del ejército, el 29 de marzo de 1985.

Otras acciones fueron de poca monta; propagandísticas. Toro encabezó el grupo de los sin casa, que se centró en la ocupación ilegal de terrenos y en masivas protestas callejeras.

Los robos de bancos y las expropiaciones a los ricos le parecieron legítimos a él en ese momento. Pero dice que no robó ni participó en episodios de violencia.

Tras el golpe militar del general Pinochet el 11 de septiembre de 1973, pasó unos meses escondido hasta que fue arrestado en Santiago en 1974, cuando fue a visitar a su amigo, Carlos Díaz, alias El Guatón Omar, en el sector sur de San Miguel.

en Santiago. Me di cuenta que estaban todos muy tensos, dijo al entrar al taller de Díaz. Toro huyó de la emboscada en su vehículo, pero agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) le rodearon con sus autos. Le obligaron a salir y lo apalearon, hasta que quedó inconsciente, dice.

El chileno asegura que despertó en una base de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea (AGA), en el barrio de Los Condes, en Santiago.

Pasé un año con las manos atadas y mucho tiempo con los ojos vendados, testificó Toro a las cortes de inmigración, según un largo expediente judicial en poder de la AP.