Como si fuera una obra de teatro o una película de cine, ya van cuatro partes en esta obra de explicar lo inexplicable. El primer acto fue el 26 de octubre de 2007 cuando se nos dijo que el caso de la Sun Land era una operación inexistente, a pesar de la existencia de 19 pagarés por un total de US$130 millones de dólares. El segundo acto fue el 4 de junio de 2009 cuando se nos dijo que la compra de Edeeste por parte del gobierno no era una venta de acciones sino una transacción. El tercer acto fue el 24 de junio de 2009 cuando se nos expresó que la venta del 49% de Refidomsa al gobierno venezolano no ameritaba ser licitada, pues era una actividad comercial, y no del Estado.

El pasado jueves se realizó el cuarto acto, cuando el presidente Leonel Fernández, en medio de serias denuncias de corrupción, expresa que, aunque hay debilidades, confía en que ninguno de sus funcionarios comete actos de corrupción. Como siempre, muchas explicaciones de los procedimientos legales y las normativas internas creadas por el gobierno para enfrentar la corrupción. Claro, cuando el director del Departamento de Prevención de la Corrupción ofreció las estadísticas, no pudo mostrar un solo caso de sanción a la corrupción en el actual gobierno.

Sólo hay que recordar que este gobierno, aunque reelecto, tiene menos de un año. Pero es un gobierno viejo. La época de declaraciones y explicaciones terminó. Ahora se demanda acción para enfrentar lo que ya son actos reñidos con la ley y la ética, ejercidos por funcionarios.

Es como si no hubiera pasado nada. Que el caso Sun Land, ni las nominillas, ni las denuncias de nepotismo, ni las cuantiosas comisiones en distintas concesiones, ni los contratos de asesoría en diversas instituciones, ni las obras sin licitación, hubiesen ocurrido. Se tiene la sensación de que nada ha pasado, y, lo más grave, nada pasará, al menos en esta Administración.

Todavía falta mucho por ver.