La sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo contra la esposa del comerciante Quirino Ernesto Paulino Castillo ha sacado a relucir múltiples interrogantes en torno al acuerdo de cooperación a que habría llegado el alegado narcotraficante con la Fiscalía de Nueva York.

El fiscal del Distrito Nacional, licenciado Alejandro Moscoso, explicó que el arreglo se fundamentó en el artículo 7 de la Convención de Viena, así como en el capítulo uno del Código Procesal Penal en lo referente a los acuerdos internacionales para facilitar la lucha contra el crimen organizado.

Pero la aclaración en sí no basta, pues en este caso lo que se necesita saber es si llenaron todos los requisitos jurídicos al respecto. Se supone que la Fiscalía ni ninguna entidad pública pueden comprometer la soberanía nacional a través de ningún mecanismo, amén de que cualquier convenio internacional tiene carácter público.

Resulta que el arreglo a que habría llegado Quirino para suspender los cargos penales y permitir a sus familiares viajar a Estados Unidos parece que tiene carácter de secreto de Estado. El documento no fue presentado ni siquiera ante el tribunal que juzgó a la señora Belkis Elizabeth Ubrí Medrano.

El documento que presentó el Ministerio Público durante el proceso fue calificado por los jueces de apócrifo y sin fundamento legal. La sentencia dio lugar a que se culpara a los magistrados de desconocer un acuerdo, cuestionable por demás, y que, al parecer, sólo el Ministerio Público sabe en detalle en qué consiste.

El escándalo ha motivado que hasta la Embajada de Estados Unidos saliera al ruedo, en un acto poco usual, al decir que estudiará todo lo que implica para los procesos jurídicos la sentencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo que ordenó un nuevo juicio a la esposa de Paulino Castillo.

El misterio y la sombra que se ciernen sobre el proceso y el acuerdo de por sí se tornan más denso con la afirmación del propio fiscal del Distrito Nacional de que existen otros arreglos que todavía no son públicos. Hay que preguntarse si a nombre del Estado se pueden suscribir convenios secretos.

El caso Quirino, desde que estalló en diciembre de 2004 a la fecha, ha observado más suspenso y enredos que una película. Los nuevos episodios, como acuerdos evidentemente secretos a nombre del Estado, no sólo complican la trama, sino que abren muchas incógnitas que ponen en entredicho hasta la propia soberanía de la nación. ¿O no?