El periodista Rafael Núñez, exdirector de Información y Prensa de la Presidencia, aseguró que el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, tiene una agenda política particular desligada de los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.
“Domínguez Brito construye percepciones negativas a priori contra la reputación de funcionarios y exfuncionarios, así como de personas que todavía no han sido juzgadas por un tribunal”, consideró el vocero del expresidente Fernández.
Advirtió que el “Ministerio Público debe actuar con entera libertad e imparcialidad en los casos que se presuma se han cometido actos dolosos -no importa de quién se trate-, mediante una investigación que garantice el debido proceso y no esté contaminada por el chantaje y la justicia selectiva”.
Observó que el país no puede, sin embargo, ver con buenos ojos que desde la Procuraduría General de la República se intente hacer justicia selectiva o usar expedientes como forma de chantaje
Núñez reaccionó frente al arresto del ex ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Rafael Peña Antonio, el excoronel de la Fuerza Aérea de la República, Carlos Piccini, y de los empresarios Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez, involucrados en presuntos sobornos en la compra de ocho aviones Súper Tucano, comprados en el segundo mandato del expresidente Fernández. Los detenidos están en una cárcel de la Fiscalía del Distrito de Ciudad Nueva, esperando una coerción.
Con relación a ese escándalo, el periodista Núñez señaló que “ojalá que la acción del Pepca no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”.
Expresó que toda la opinión pública está consciente de cómo el procurador general utilizó por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del Ministerio Público.
“Cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández o cualquier otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera, y es ahí que debe probar su inocencia“.
