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Adjunto admite solicitó “pinchar” teléfono

Adjunto admite solicitó “pinchar” teléfono

Bolívar Sánchez Veloz muestra la solicitud firmada por él.

El procurador adjunto Bolívar Sánchez Veloz explicó que fue él quien solicitó la intervención del teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito y de otras personas.

Indicó que la petición la hizo el 23 de noviembre del pasado año, durante una investigación sobre narcotráfico.

Sin embargo, aclaró que al enterarse de que uno de los números de teléfonos solicitados pertenecía a Germán Brito el nacionalno ejecutó la orden, por lo que nunca recibió información ni registro de llamadas del número de esa jueza.

“En el curso de una investigación realizada al presunto narcotraficante Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, solicité la autorización de un juez para interceptar varios números telefónicos que estaban vinculados a esta persona, quien se suicidó el 15 de noviembre del pasado año”, dijo.

Explicó que “Nos estamos refiriendo a un individuo con presuntos vínculos al narcotráfico, de doble identidad oficial que había fingido su muerte en el 2014 y que había sacado un nuevo documento de identidad oficial, resultando ser la persona que había construido la villa que tiene en la provincia San José de Ocoa la magistrada Miriam Germán Brito y que esto generara una vinculación con ese número de teléfono”.

Detalló que cuando fingió su muerte el 6 de agosto de 2014, el presunto narcotraficante se hizo identificar con información falsa como Richard Miguel Gloss Ovalles, el cual según el acta de defunción falsa había fallecido a consecuencia de una insuficiencia renal.

Indicó en ese mismo orden, que posteriormente utilizaba una segunda identidad como Richard Molina Ovalles, quien según el acta de defunción se suicidó el 15 de noviembre de 2018.

Sostuvo que las autorizaciones de interceptaciones telefónicas las hace acorde al debido proceso y por eso la solicita a un juez, “sin que para ello, esté en la obligación ni sea un requerimiento, que deba contar con la autorización del procurador general de la República, quien desconocía este caso y actuaciones”.

El Nacional

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