BOGOTA (AP).- El jefe de la policía secreta de Colombia Felipe Muñoz admitió ayer que una red mafiosa en el seno de la institución que dirige podría ser responsable de espionaje telefónico a periodistas, jueces, funcionarios y opositores del gobierno.

Es una red mafiosa que está atentando contra la seguridad del estado, dijo Muñoz, director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al responder en una rueda de prensa sobre una denuncia publicada en el sitio web de Semana, una revista. Muñoz indicó que organizó un grupo para investigar el alcance de la denuncia –basada en fuentes anónimas– de la publicación, en la que aparecen varios presuntos afectados por las interceptaciones telefónicas.

El magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, uno de los nombrados por Semana dijo a la AP que desde 2007 denunció a las autoridades que es víctima de seguimiento de parte de los cuerpos de seguridad y calificó a los detectives como unos sinvergenzas.

La Corte Suprema de Justicia tiene en prisión a unos 60 congresistas y ex congresistas por sus presuntos vínculos con paramilitares. Casi todos los detenidos son afectos al presidente Uribe y a sus políticas, lo cual ha hecho que la relación entre el gobierno y el poder judicial sea tensa y con constantes fricciones.

El senador opositor Gustavo Petro, otro de los supuestos afectados, aseguró que el propio presidente Alvaro Uribe es quien persigue a la oposición y a la prensa libre, para lo cual habría dado la orden de realizar el espionaje. El DAS obedece órdenes directamente de la Presidencia.

El DAS es una entidad que ha estado plagada de escándalos. Uno de sus ex directores, Jorge Noguera, está en prisión por presuntamente filtrar información a los grupos paramilitares que operaban en el país.

La directora anterior a Muñoz, María del Pilar Hurtado, renunció en octubre después de que Petro denunció que era vigilado constantemente por efectivos del DAS.

También existen otros antecedentes recientes de espionaje telefónico, como la destitución de 11 generales de la policía en mayo de 2007 por interceptar clandestinamente las comunicaciones de opositores y funcionarios del gobierno. Varios de los relevados enfrentan cargos penales.

En Colombia, una interceptación telefónica sólo puede ser autorizada por un juez. Según la denuncia de Semana, todas las chuzadas hechas desde el DAS no tenían autorización legal.